No se le puede llamar de otra forma a quienes se dedican a lucrar con las medicinas, y tampoco a esos que debieran garantizar, como lo reza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la salud.

La indignación de muchas personas que como el columnista, tienen un servicio médico insuficiente, se pone de manifiesto al ir a buscar medicamentos que nos garanticen una mejor calidad de vida.

Hace dos meses y un poco más, el columnista compró un tipo de insulina recomendada por un médico internista, cuya efectividad está comprobada. Hay que decir, como paréntesis, que existen en el mercado diversos tipos de insulina, y el Sector Salud únicamente maneja dos tipos o tres, lo cual limita los tratamientos de la que es considerada como la principal enfermedad del país y, por consiguiente, la principal causa de mortalidad: la diabetes mellitus.

La caja de insulina Ryzodeg costaba en diciembre alrededor de mil doscientos pesos; para enero, el costo se fue a mil quinientos y un poco más. Este sábado, la misma insulina tiene un costo al público, ya con descuento -eso dicen los farmacéuticos- de 2,250.24 pesos.

Imagine el lector lo que tiene uno que ganar para para hacer frente a las necesidades de medicamento que los servicios de salud federales no cubren, porque algún “inteligente” ha pensado que el cuadro básico es para curar lo básico, y no se han puesto a pensar en los miles de millones de pesos que cuesta anualmente enfrentar los dos padecimientos más importantes: diabetes e hipertensión.

No tienen vergüenza los legisladores que se dedican -o debieran- a legislar y buscar leyes justas. No se piden medicinas de lujo, pero en el caso de la diabetes, hay que entender que las insulinas y sus análogos son básicos para evitar complicaciones que nos llevan a incapacidades temporales y permanentes, la muerte, amputaciones y más, y eso cuesta mucho al gobierno. No tienen la mentalidad porque ellos meten sus facturas en sus dependencias, porque no saben lo que es estar dos horas esperando consulta y luego ir para que nos digan que la medicina está fuera del cuadro básico.

Y entonces, hay que comprarla a los precios que se dejan pedir los ladrones de la industria farmacéutica, cuya función social es lucrar con la sociedad, exprimir al paciente y robar todo lo que se puede a través de incrementar precios, con el vulgar pretexto de la paridad peso-dólar. Tienen medio centavo de sentido humano, los farmacéuticos, los legisladores y las autoridades federales encargadas de estudiar y aprobar un cuadro básico que garantice el tratamiento adecuado.

Sin embargo, ellos compran banalidades, como sucedió ya en Tamaulipas cuando una funcionaria del Tribunal Electoral -presidenta- compraba sus cremas para no verse tan vieja, con cargo al presupuesto oficial. Para eso no hubo castigo, pero sí lo hay cuando se trata de exigir medicamentos básicos para no morirse.

La incompetencia oficial nos lleva al enojo extremo, y a los de la industria farmacéutica a seguir lucrando con la salud de más de 110 millones de mexicanos, porque tienen una complicidad ideal en la autoridad que se debería dedicar a exigir algo más justo para todos.

No podemos enfrentar un gasto de esta naturaleza, porque los insumos para el control son mucho muy caros, y México no tiene salarios que permitan enfrentar estas situaciones.

A esos infelices que deberían aprobar leyes justas en materia de salud pública, deberían colgarlos del palo más alto como ejemplo de la corrupción que impera, y el desinterés por ayudar a sus representados.

La ley de salud debe ser más universal, y considerar lo que puede evitar incapacidades y muertes, porque por esos rubros se pierden miles de millones de pesos anualmente.

Es hora de tener un Congreso justo, un Senado honorable, y una autoridad sanitaria congruente y consciente con las necesidades sociales.