En el año, la Universidad de Seguridad y Justicia ha graduado más de mil elementos, cifra más grande en una administración estatal. El gobernador García Cabeza de Vaca presidió la ceremonia de graduación de 98 cadetes en formación para Policía Estatal y 51 licenciados en Ciencias Policiales, egresados de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.
El mandatario reconoció que una de las principales demandas de la población tamaulipeca es la seguridad pública, por lo que el Gobierno del Estado trabaja para responder mejor a dicha exigencia. Se trabaja los problemas de raíz, para solucionarlos definitivamente; tener mayor número de efectivos y de cuerpos policiales más profesionales; esto es parte de la estrategia para el retorno de la paz y el respeto al Estado de Derecho.
La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca puso en marcha, de forma simultánea en los 43 municipios del estado, jornadas intensivas de tamizaje para Evaluación del Desarrollo Infantil (Prueba EDI), en la población menor de cinco años. La prueba, que se aplica de manera gratuita en todas las unidades de salud, mejora el desarrollo del menor en los ámbitos motor, cognitivo, de lenguaje, socio-emocional y conductas sociales, al identificar y atender oportunamente a los menores con problema de desarrollo. Los primeros mil días de vida en las niñas y niños son fundamentales para su desarrollo físico y mental.
Al respecto, el senador Ismael García Cabeza de Vaca presentó una iniciativa de reformas legales, para establecer la obligación por prestadores de servicios de seguridad privada, de aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y de control de confianza, al personal operativo con el fin de que se realicen las evaluaciones que contempla el modelo nacional de evaluación de control de confianza para seguridad pública y homologar los criterios de esta certificación.
El senador por Tamaulipas, explicó que se propone también, para obtener su registro, que las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en dos o más entidades, deberán contar con certificación de control de confianza avalada por el Centro Nacional de Acreditación y Certificación. Se establece el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para que todas las empresas cuenten con el personal certificado y acreditado en control de confianza, en caso contrario se revocará su autorización.
El combate a la delincuencia requiere adecuaciones constantes al marco normativo, a fin de cerrar espacios e impedir que opere, por ello, se requiere mejores medidas de control y regulación para las empresas de seguridad privada.
Son indispensables capacitación general de su personal y certificación en control de confianza emitida por las instancias públicas o privadas que a su vez se encuentren avaladas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó desde 2012 que operan 2 mil 992 empresas de seguridad privada autorizadas; 960, con autorización federal; y 2 mil 032, con autorización local.
En el último año se expidieron 97 autorizaciones más a empresas privadas, por lo que las autorizaciones federales se incrementaron, en sólo cinco años, más de 23%, al pasar de 960 empresas en 2012, a mil 256 en 2017.