Gracias a la visión de las y los diputados de la LXIV y LXV Legislaturas, se ha rescatado el servicio de carrera de la Cámara de Diputados, en particular en los Centros de Estudios, que ahora cuentan con personal altamente capacitado para llevar a cabo investigaciones objetivas, imparciales y técnicamente impecables como es el caso de “Percepción sobre el tráfico de armas y la violencia comunitaria en México”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) en colaboración con la reconocida académica experta en el tema, Catalina Pérez Correa, y a solicitud de la Diputada Juanita Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.
El interés de la Diputada Guerra Mena se da en el contexto en el cual el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, presentó en Arizona una segunda demanda, en octubre de 2022, contra cinco fabricantes de armas norteamericanos como parte de los esfuerzos por evitar el tráfico de armas a nuestro país y que caigan en manos de delincuentes; es claro que la problemática del uso de armas de fuego en México requiere de la voluntad política de ambos países, pues involucra la regulación norteamericana al respecto, pero también el control del tráfico en nuestra frontera norte.
De acuerdo con el estudio, en 2021 la principal causa de los homicidios fue la agresión con arma de fuego: de los 35,625 homicidios intencionales registrados en ese año, 68.7% se cometieron con armas de fuego. Además, dichos artefactos también están presentes en otro tipo de delitos que no necesariamente terminan en homicidio. De ahí que resulte relevante entender la relación de las armas de fuego con los distintos tipos de violencia, así como su disponibilidad y la opinión de las personas sobre estas.
El objetivo general de la investigación es aportar evidencia para entender el uso de armas de fuego en México, a fin de proponer e implementar políticas públicas efectivas y basadas en evidencia.
El documento se divide en cinco partes: la primera presenta un análisis documental para entender las condiciones de violencia que causan las armas de fuego en nuestro país, así como las características de las víctimas. La segunda parte presenta datos sobre la existencia de dichos artefactos en México, lícita e ilícitamente; la tercera consiste en un breve análisis de la regulación actual sobre el tema en nuestro país, mientras que la cuarta parte presenta los resultados de una encuesta nacional realizada vía telefónica que busca entender la percepción de seguridad de las personas, el tipo de armas a la que la población tiene acceso y a la que se ve expuesta en su entorno cotidiano. El documento termina con una serie de conclusiones y recomendaciones sobre políticas públicas.
En la encuesta realizada, destaca el hecho de que menos del 40% de las personas encuestadas muestra una preferencia por comprar armas para protección propia y más del 67% declararon que un hogar es más peligroso cuando se tiene un arma de fuego. Es decir, una de las conclusiones del estudio es que la mayoría de las personas no está de acuerdo en flexibilizar la posesión de armas y creen que el estado debería prohibir y sancionar efectivamente su portación como forma de reducir la violencia en el país.
Además, en la encuesta se observa que los hombres reportan ser víctimas de violencia con armas de fuego con mayor frecuencia que las mujeres, sin embargo, los datos señalan que los homicidios cometidos contra estas han aumentado en los últimos años y que la violencia con armas de fuego afecta cada vez más a las mujeres.
Por otra parte, el estudio también muestra que “México tiene un problema de armas ilícitas que circulan libremente en el país, según datos de las autoridades mexicanas. De acuerdo con varias fuentes, las armas provienen principalmente de Estados Unidos, donde son vendidas de manera lícita e introducidas ilícitamente a México”.
En cuanto a la percepción de seguridad, esta es peor en municipios densamente poblados, como aquellos de las zonas Centro y Occidente del país: “significativamente, las personas que viven en los municipios más inseguros tienden a estar menos de acuerdo en flexibilizar los requisitos para la portación de armas. Las mujeres en general tienden a tener opiniones más desfavorables sobre la portación de armas como forma de mantenerse seguras o de hacer más seguros sus hogares”.
El estudio concluye con cuatro recomendaciones mínimas para reducir el mercado ilícito de armas: (1) reducir la oferta, pues la laxa regulación norteamericana y la falta de controles de la frontera mexicana generan las condiciones perfectas para que crezca el mercado interno de armas ilícitas; (2) generar nuevas estrategias en la frontera, al brindarle la oportunidad a las comunidades fronterizas de actuar colectivamente y en colaboración con las autoridades; (3) reducir el volumen interno de armas, a través de programas de canjes y de incautación de armas y (4) reducir la demanda de armas con diversas estrategias que consideran tanto a la delincuencia organizada como a los ciudadanos que buscan protegerse con la posesión de un arma de fuego.
Sin duda, las armas de fuego constituyen un problema público relevante en nuestro país, cuya solución requiere de la voluntad política no sólo de las autoridades de México, sino también de aquellas de nuestro principal socio comercial y con quien compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera desde Baja California hasta Tamaulipas. Se trata de un problema complejo, con varias aristas y que requiere de funcionarios públicos competentes y bien documentados en el tema, a fin de implementar políticas públicas efectivas y de acuerdo con la evidencia que muestran estudios como el aquí referido.
Todos los datos citados y muchos más están disponibles en el siguiente vínculo, que confiamos será de utilidad en el camino para resolver un problema que se agravó, según muestran los datos de INEGI, desde el año 2006.
La autora es Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión