La elección de dirigentes de Morena, tanto en el Comité Nacional como en los estatales, entre ellos el de Tamaulipas, está detenida debido a 477 impugnaciones que están por definirse. Declaraciones del dirigente Mario Delgado Carrillo, formuladas el jueves de la semana pasada, auguraron que para el 19 y 20 de agosto se estarían celebrando las elecciones al contar con congresistas debidamente acreditados. Hoy sabemos que eso no va a ser posible y que incluso pueden llevar dos o tres semanas destrabar el conflicto.
Como puede usted comprender 477 inconformidades no son cualquier cosa, ni fácil ni rápido de resolver cuando se trata de un partido como Morena, donde las pasiones políticas se desbordan con facilidad, y dan la pelea hasta por el último peldaño de poder.
En este caso el punto es confirmar a los consejeros que acudirán a los congresos de cada entidad, para aprobar reformas estatutarias y la elección de integrantes del Comité Nacional, entre otros temas.
Sin embargo, el compás de espera parece que no concluirá tan pronto, no por lo menos en Tamaulipas, donde habrá de celebrarse cuando menos dos asambleas distritales, en uno de los dos distritos de Reynosa y otro en Madero.
Una entrevista del periodista Enrique Jonguitud al diputado local de Morena, Isidro Vargas Fernández, afirma que la elección en el caso de Tamaulipas podrá realizarse en tres semanas.
El procedimiento de elección estaba programada de manera simultáneo en todo el país, en virtud de que no sólo se eligirá a dirigentes estatales, sino también a los titulares de las diferentes secretarías del Comité Nacional, donde los únicos puestos definidos y que no serán sometidos a confirmación ninguna, son los que ocupan Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, presidente y secretaria general respectivamente, cuyos encargos tienen vigencia hasta agosto de 2023.
Pero cabe la posibilidad, que ante presiones de algunos estados, Morena empiece a celebrar algunos de los congresos en esas entidades.

EL DESAFUERO, MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
El desafuero es un concepto que con facilidad se esgrime pero que difícilmente se cumple. Hasta octubre de 2016 la Cámara de Diputados tenía 327 solicitudes, que en ese nivel se quedaron, es decir no procedieron. Y hasta esa misma fecha los archivos dieron constancia de haber realizado 8 desafueros a partir del primer caso en 1909 cuando el diputado José López Portillo y Rojas (abuelo del presidente José López Portillo 1976-1982) perdió inmunidad al ser acusado de fraude, aunque hay historiadores que han dejado constancia de que fue un acto de represalia desde lo altos niveles del poder, debido a que en el ejercicio periodístico manifestó abiertamente su apoyo al general Bernardo Reyes como vicepresidente de México.
La cuestión es que el desafuero es tema sensacionalista convertido en el “petate del muerto” con el que espantan al político, pero no tanto porque pueda realizarse el procedimiento, sino por el desgaste mediático que esto implica, sin embargo ha sido la tumba política para muchos personajes.
En lo particular sólo recuerdo el desafuero del senador Jorge Díaz Serrano en 1983 (quien había sido Director de Pemex).
Actualmente a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas presidente del CEN del PRI le han escenificado un proceso de desafuero desde el despacho de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y lo mantiene acorralado, el objetivo tiene que ver con los procesos electorales que se avecinan y particularmente con la alianza que desde ahora anuncia el PRI llevará a cabo con el PAN y PRD.
No metemos las manos al fuego por Alito respecto a sus manejos como gobernador de Campeche, sobre todo luego de ver las dimensiones de su residencia de 130 millones de pesos, que es uno de varios argumentos para cancelar el fuero de que goza como diputado federal, pero el fondo, ya lo dijimos, es político. Este caso puede proceder porque sólo requiere ser votado por mayoría simple en la Cámara de Diputados.
Por lo que respecta a Tamaulipas, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al desafuero del gobernador Francisco García de Vaca era lo esperado. Y no es porque sea inocente o no, sino simplemente la inmunidad procesal referida en el artículo 111 constitucional, protege la libertad personal de un sector de servidores públicos entre ellos los gobernadores, y para que procediera la inhabilitación de este derecho necesita la autorización de la Cámara de Diputados.
Pero además no es un proceso fácil a partir de las reformas aplicadas en el sexenio de López Portillo. Hasta el gobierno de Luis Echeverría los gobernadores eran “despedidos” por el Presidente de la República en turno. Era el Jefe de la Nación el que en el círculo privado le anunciaba al mandatario, que su tiempo había terminado y con todo el poder del priismo de aquellos tiempos, nadie hacía resistencia, pedían licencia y asunto terminado.
En el caso de Francisco García Cabeza de Vaca los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron mantener el fuero y con ello se invalidó la orden de aprehensión que existía en su contra.
O dicho de otra forma, no es aplicable la orden de aprehensión mientras exista fuero, pero el 1º de octubre se puede escribir otra historia, y así lo advirtieron en declaraciones el gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, la diputada local Úrsula Salazar Mojica y el abogado Santiago Nieto que la tarde de este miércoles 17 fue asediado por diversos portales y estaciones de radio para que diera su opinión.
Y todos coinciden, el tema del desafuero de García Cabeza de Vaca, es un capítulo terminado, lo que sigue vigente es una orden de aprehensión.