Tamaulipas no ha podido ser pacificado en más de 19 años de estrategias gubernamentales y las situaciones de riesgo tienen desenlaces que cuestan la vida a personas inocentes. La situación es tan grave, que el Secretario federal de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño hizo una severa auto-crítica.
Reconoció que la inseguridad es de tal magnitud, que rebasa las capacidades (de contención) de los gobiernos municipales y estatales y trasciende hasta al gobierno federal, para instalarse como una responsabilidad del Estado mexicano.
El pronunciamiento lo hizo Durazo en el marco de una reunión con presidentes municipales, donde les pidió que no se laven las manos respecto de su responsabilidad de atacar este fenómeno social, dado que solo el 5 por ciento de los delitos que se cometen en México, son del fuero federal.
Pero a renglón seguido, el funcionario federal reconoció que no están dadas las condiciones para echarse la bolita unos a otros, sino que resulta imperativo que los tres órdenes de gobierno asuman la responsabilidad, compartida, en materia de seguridad.
Dijo textualmente el responsable federal de la seguridad pública:
“Sería realmente muy fácil para la federación decir que es un delito del fuero común y lavarnos las manos, pero también es de tal dimensión el reto, el tamaño del problema, que sería una irresponsabilidad, en virtud del carácter federal o local de los delitos, nos laváramos las manos, nadie se puede lavar las manos”.
Podemos lavarnos las manos hasta que resolvamos el problema, agregó.
Dijo además, que las penurias económicas de los Ayuntamientos impediría que cumplieran su deber en esta materia, por lo que los gobiernos estatales estarían obligados a ser solidarios y compartir esta responsabilidad, pero el tamaño del reto lo hace trascender hasta al gobierno federal y a la propia sociedad.
Durazo Montaño hizo algunas otras reflexiones sobre el asunto, pero lo medular ya está asentado: los tres niveles de gobierno deben emprender juntos y de manera corresponsable, el combate contra los infractores de la ley.
El tema es pertinente para Tamaulipas cuando menos por dos aspectos: no pueden los presidentes municipales cuerudos aceptar una responsabilidad en el combate contra los delincuentes, porque no existe la policía municipal, y
El discurso recurrente del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es de que el gobierno federal tiene abandonado a Tamaulipas y a merced de los violentos, lo cual resultaría una falsedad a partir de la declaración de Alfonso Durazo Montaño.
Si sólo el 5 por ciento de los delitos cometidos son de orden federal, el resto cae en el ámbito del fuero común y compete al gobierno del Estado atenderlos y resolverlos, conforme a sus atribuciones constitucionales, repartidas entre los poderes ejecutivo y judicial.
La importancia de esta demarcación de responsabilidades radica en el hecho de que ya no se vale invocar el vacío de la fuerza federal en el ámbito tamaulipeco pues suya es la responsabilidad, deber, obligación y compromiso, de perseguir, detener y hacer enjuiciar a los malhechores.
Por supuesto, el gobierno federal debe atender aquí los delitos federales a través de sus corporaciones especializadas, llámese Guardia Nacional, fiscalía general de la República, SEDENA, SEMAR y otras, así como atender los delitos de orden local cuando exista flagrancia.
Cabeza de Vaca no ha podido contratar suficientes policías investigadores para la fiscalía general de justicia de Tamaulipas ni para la Secretaría de Seguridad Pública, seguramente porque son miles de servidores públicos que tendrían que ser incorporados a la nómina quincenal.
Eso, sin contar que necesitarían equipamiento periódico y costoso, como patrullas, armamento, municiones, pólizas de seguros de vida, viáticos, lo que equivaldría a gastar un mundo de dinero, y ya se sabe, el gobierno estatal, panista, está en bancarrota.
La obligación primordial de cualquier gobierno, es garantizar la integridad física de sus ciudadanos y otorgar protección a sus bienes materiales. En Tamaulipas como en Guanajuato, la vida no vale nada, mucho menos las propiedades mundanas.
Aquí los ciudadanos no solo deben cuidarse de los delincuentes, sino también de los policías estatales. Está documentado que en Reynosa se dedicaban los uniformados al secuestro y cobro de rescate, y en Nuevo Laredo realizan ejecuciones extrajudiciales.
Las situaciones de riesgo que se reflejan en la pérdida de vida para sicarios, policías, soldados pero también para personas inocentes, se repiten con una frecuencia que no parece preocupar al gobierno estatal, panista, porque no hacen pronunciamientos públicos.
Le resulta más fácil y cómodo a Cabeza de Vaca y a sus colaboradores, hacer como que no pasa nada, ignorar el derramamiento de sangre, esconder la cabeza como los avestruces o tratar de tapar el sol con un dedo.
Pero eso sí, repetir el manido discurso del abandono del gobierno federal en el tema de la seguridad pública.
Desafortunadamente, no existe en Tamaulipas un representante del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y de MORENA, que intervenga para poner las cosas en su lugar, desbaratar las mentiras del gobierno estatal y exigir que le pongan un alto a la barbarie.
Hoy se aprobará en la Ciudad de México, el presupuesto de egresos de la federación para el período fiscal 2020, con algunas sorpresas por parte de los diputados, pues habrá reasignación de recursos, especialmente para el campo.