El Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó una resolución que obliga a la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB), en un plazo de tres días, a garantizar la reanudación de las operaciones de las plataformas de apuestas Bet365.mx y Betano.mx. La base fue un permiso federal vigente. Mientras tanto, ambas compañías siguen en el radar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y esta vía paralela puede influir de forma sustancial en su futuro.

La resolución y sus destinatarios

El juez Germán Cruz Silva ordenó que SEGOB permitiera de inmediato a ambas plataformas reanudar operaciones. La suspensión fue iniciada por la Dirección General de Juegos y Loterías, un órgano adscrito al ministerio. El objeto del litigio fue el propio acto administrativo de la Dirección para cesar las operaciones comerciales de las plataformas. El tribunal lo declaró ilegal y ordenó restablecer su funcionamiento con base en el permiso federal vigente desde 2018.

Por qué se declaró ilegal la suspensión

El tribunal determinó que la Dirección General incurrió en una violación procesal grave. El regulador bloqueó la actividad de las plataformas sin seguir el procedimiento administrativo ordinario. El argumento clave del juez se reducía a lo siguiente:

  • no se le garantizó a la empresa el derecho de audiencia (el llamado derecho de audiencia);
  • esta falta de un procedimiento adecuado el tribunal la consideró una vulneración de los derechos fundamentales del operador;
  • se omitieron los protocolos estándar del procedimiento administrativo.

En la práctica, el regulador actuó eludiendo las garantías básicas que la legislación mexicana otorga a los participantes del mercado.

Tres días para cumplir

Las consecuencias prácticas de la resolución son muy concretas. SEGOB está obligada, dentro de los tres días, a notificar oficialmente la reanudación de las actividades de las plataformas y a garantizar su operación sin obstáculos al amparo del permiso federal vigente. El tribunal no impuso condiciones adicionales.

El frente financiero sigue abierto

La victoria en el ámbito administrativo, sin embargo, no saca de la agenda otra cuestión no menos seria. En paralelo, sigue en curso una investigación de la UIF y un régimen de bloqueo de las compañías, que puede limitar su operación efectiva con independencia de la postura de SEGOB.

La investigación de la UIF y las sospechas de lavado de dinero

Desde noviembre de 2025, Bet365 y Betano están bajo revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera y han sido incluidas en la lista de entidades bloqueadas. El objeto de la revisión son presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este procedimiento constituye un cauce jurídico distinto del litigio administrativo con SEGOB.

Según la investigación, entidades vinculadas a la televisora TV Azteca pudieron servir como canal para transferir fondos a jurisdicciones extranjeras. Entre los destinos mencionados:

  • Malta;
  • Rumanía;
  • Albania;
  • Panamá.

Las autoridades se centran en grandes flujos de dinero, operaciones en efectivo e intermediarios cuyos perfiles financieros no se corresponden con el volumen de las transacciones realizadas.

Un litigio fiscal multimillonario y la postura de la empresa

El trasfondo financiero de la situación se completa con un conflicto fiscal de gran escala. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama a Grupo Salinas un monto superior a 51 000 millones de pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente a 2,79 mil millones de dólares. La empresa, por su parte, afirma colaborar plenamente con las autoridades y sostiene que los fondos de los usuarios están debidamente protegidos.

La actividad de las plataformas de apuestas y los casinos en línea en México plantea cada vez más dudas no solo entre los reguladores, sino también entre los propios jugadores. Mientras las dependencias determinan las prioridades de competencia, los usuarios de a pie se quedan solos ante los riesgos. Por eso, al elegir, es importante fijarse no solo en giros gratis sin deposito, sino también en la descripción de los requisitos de apuesta, así como en la reputación de la plataforma.

Sin embargo, sin verificar el estatus de la licencia del operador, estas ofertas a menudo acaban en la pérdida de fondos: el jugador deposita dinero en una plataforma que en cualquier momento puede ser bloqueada o incluso resultar fraudulenta. Resoluciones judiciales contradictorias, como la que se analiza, solo aumentan la incertidumbre, ya que la cuestión de la responsabilidad de los operadores pasa a un segundo plano. En última instancia, son los usuarios quienes asumen las consecuencias del caos regulatorio que ahora se desarrolla en torno a las mayores marcas de juego del país.

La resolución no es definitiva: se avecina un conflicto entre dos dependencias

La resolución en el juicio de amparo (procedimiento de protección constitucional en el derecho mexicano) no es definitiva. El gobierno federal conserva el derecho de impugnarla ante un Tribunal Colegiado. Será precisamente esa instancia la que determine qué tendrá prioridad, en última instancia, al resolver la cuestión sobre el funcionamiento de las plataformas de apuestas: el permiso vigente de SEGOB o el bloqueo de la UIF. La respuesta a esta pregunta puede fijar el estándar de supervisión para toda la industria del juego en México.