Junto a esto, el congresista también propone que sea la Guardia Nacional quien se encargue de investigar y dar seguimiento a las aplicaciones de préstamos.
Las penas irían de los 7 a 15 años de cárcel, mientras las multas van de los 5,000 a 150,000 UMA, esto es la Unidad de Medida y Actualización; el valor al día de hoy es de 96.22, además las penas pueden duplicarse si se detecta que la app recaba datos personales.
La diputada Esther Martínez, también del PT propuso modificaciones a seis artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor para crear el registro de “Plataformas Electrónicas de Préstamo”.
De momento las propuestas estarán bajo revisión, de aprobarse significaría un duro golpe a este tipo de inescrupulosas formas de préstamo que abusan de la necesidad de la gente, pasando de la usura a la estafa, amenazando y extorsionando.