Omar Gómez Trejo presentó ayer su renuncia como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), después de tres años y tres meses en el cargo.

Su dimisión, presentada ayer por la tarde, se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre, confirmaron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su salida ocurre al cumplirse el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de que la FGR se desistiera de 21 de las 83 órdenes de aprehensión libradas el mes pasado contra presuntos implicados en este crimen, una decisión que favoreció a 16 miembros del Ejército.

Gómez Trejo deja la Fiscalía luego de dos episodios recientes en los que la oficina del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, tomó decisiones contrarias y por encima de las del ahora ex funcionario, según versiones de servidores públicos de la dependencia federal.

Una de ellas fue precisamente el desistimiento de las órdenes de aprehensión que favoreció a 16 integrantes del Ejército, entre ellos al Coronel Rafael Hernández Nieto, entonces comandante del 41 Batallón de Infantería en Guerrero, además de otros ex funcionarios estatales como el ex Procurador de Guerrero, Iñaky Blanco.

El Juez federal Enrique Beltrán Santés giró los mandamientos de captura por pedido de la Fiscalía de Gómez Trejo el pasado 19 de agosto, pero otra oficina de la FGR distinta a la suya promovió la cancelación de los mandamientos de captura, que se concretó el 14 de septiembre pasado. Gómez Trejo no fue consultado y avisado previamente de esta maniobra, aseguran.

Otra decisión que empujó a su dimisión, según funcionarios, es que la FGR solicitó la orden de aprehensión del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sin consultárselo y sin avisarle.

El pasado 19 de agosto, Gómez Trejo se enteró por sorpresa de la captura del ex titular de la PGR, pues en ese momento se encontraba en Tel Aviv gestionando con la Fiscalía de Israel la posible entrega de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La premura con la que se judicializó el caso tuvo como consecuencia que los fiscales que comparecieron a la audiencia inicial no tuvieran pleno dominio de la carpeta de investigación e incluso el Juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia les reprochara que no fueran preparados a la diligencia.

Según allegados al caso, la oficina de Gertz dio la instrucción de judicializar el expediente contra Murillo por el caso Iguala, no obstante que la UEILCA tenía planeado presentarlo ante los tribunales en fechas posteriores.

Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Gómez Trejo fue nombrado por Gertz Manero como Fiscal del caso Ayotzinapa el 26 de junio de 2019.

A nivel internacional, trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Honduras y Guatemala.

El hoy ex funcionario conocía las investigaciones de la desaparición de los normalistas desde antes de llegar a la FGR, porque fue secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, desde donde cuestionó abiertamente la versión oficial del Gobierno Federal anterior, la que denominan “verdad histórica”.

Precisamente, por ese antecedente, algunos acusados como Zerón han objetado sus investigaciones ministeriales, señalando un supuesto conflicto de interés, debido a que tenía una postura contraria preconcebida que le impedía hacerse cargo del caso.

El argumento por ahora no ha prosperado legalmente, pero es la apuesta de varios de los prófugos y procesados para invalidar todas las indagatorias que llevó a cabo durante tres años y tres meses en los que judicializó una centena de ex funcionarios y narcotraficantes.