A los expedientes abiertos contra México por la vaquita marina, tortuga caguama y Tren Maya, entre otros, ahora se suma uno más por violaciones al capítulo 24 del T-MEC, en la aplicación efectiva de las leyes ambientales, en la siembra masiva de aguacate en Michoacán.
El 2 de febrero, un ciudadano de origen mexicano, que pidió manejar sus datos de manera confidencial, presentó ante la la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), creada al amparo del acuerdo de libre comercio, una queja por las omisiones de nuestro país para proteger los ecosistemas forestales y la calidad del agua frente a los efectos adversos derivados de la producción de aguacate.
En el caso SEM-23-002 (Producción de aguacate en Michoacán), el “peticionario” aseguró que México no ha respetado disposiciones constitucionales y varias leyes federales centradas en la evaluación del impacto ambiental, la conservación forestal, el desarrollo sustentable, la calidad del agua, el cambio climático y la protección del medio ambiente.
Señala que existen investigaciones que demuestran los graves impactos de las plantaciones aguacateras en Michoacán, así como el acelerado ritmo de deforestación asociado (uno de los más elevados de México y Latinoamérica).
En un comunicado de prensa, la CCA dio a conocer que el Secretariado Ejecutivo, que es su máximo órgano técnico, revisará la petición en un plazo de 30 días y determinará si cumple con los requisitos para abrir una investigación exhaustiva sobre la producción de aguacate en Michoacán, que después de un proceso podría generar sanciones comerciales, acordadas en el seno del T-MEC, firmado entre México, Estados Unidos y Canadá.