La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el programa Gas Bienestar, lanzado durante la administración pasada para ofrecer gas LP a precios accesibles, está siendo evaluado por Petróleos Mexicanos (Pemex) para decidir si continuará operando. La mandataria federal subrayó que los objetivos originales del proyecto ya fueron alcanzados, por lo que ahora corresponde valorar su viabilidad a largo plazo desde el ámbito técnico y financiero.
Sheinbaum explicó que Gas Bienestar logró reducir los precios del gas doméstico en zonas específicas del país donde los costos eran más elevados. A su vez, generó una mayor competencia en el sector, lo que obligó a otros distribuidores a ofrecer mejores condiciones a los consumidores. Esto se tradujo en un beneficio directo para las familias de bajos recursos, especialmente en zonas urbanas con alta demanda.
Uno de los logros del programa fue mejorar la calidad del servicio mediante la rehabilitación de cilindros y la entrega oportuna del combustible. También permitió una mayor presencia del Estado en un mercado históricamente dominado por privados. No obstante, estos avances implicaron una fuerte inversión por parte de Pemex, por lo que ahora se analiza si es sostenible mantener la operación sin afectar las finanzas de la empresa.
La Presidencia indicó que no se tomará una decisión precipitada y que será Pemex quien, con base en estudios internos, determine si Gas Bienestar se transforma, se amplía o concluye. Esta evaluación considerará factores como el impacto social, los costos de distribución, la cobertura actual del programa y la respuesta del mercado a su implementación.
A pesar de la incertidumbre sobre su continuidad, el gobierno federal destacó que Gas Bienestar cumplió con su función inicial de estabilizar precios en un momento crítico. La discusión ahora gira en torno a si debe mantenerse como estrategia permanente o si su papel ya fue cumplido, abriendo paso a otras políticas públicas.
El análisis se enmarca en una revisión general de los programas sociales y productivos impulsados durante el sexenio anterior. En este contexto, la nueva administración busca equilibrar los beneficios sociales con una operación eficiente de las empresas del Estado, como parte de su compromiso con la estabilidad económica y la modernización del sector energético