El Gobierno de México se comprometió a “implementar” las recomendaciones del informe presentado en Ginebra (Suiza) del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED) tras su visita al país a finales del pasado año.

“El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El comunicado explicó que será la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, “la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED”.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021.

La visita fue “muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional”, indicó la SRE.

Durante su estancia en México, la delegación del CED sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Además, recordó el texto, se tuvieron reuniones con autoridades estatales de alto nivel y se reunieron con colectivos de víctimas, llevando a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.

“En la presentación de su informe, el Comité CED agradeció el valioso apoyo y apertura del Estado mexicano para lograr la visita y que esta se diera en un marco constructivo. También hizo énfasis en los retos que enfrenta el país, así como la voluntad del actual Gobierno para enfrentarlos”, aseguró el texto.

85 recomendaciones

Explicó que el informe presentado consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones.

En las recomendaciones se señala, entre otras cosas, la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que esta sea “eficaz y efectiva”.

También se insta a fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones y de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense.

Adicionalmente, se recomienda facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con “enfoque diferencial” y a reconocer “el papel de las víctimas”.

“De igual modo, el comité reconoce importantes avances normativos, institucionales y jurisprudenciales en México como la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (…) y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Víctimas“, aseguró la SRE.

El comité también destacó la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la creación de comisiones locales de búsqueda y de las fiscalías especializadas en la materia, entre otros puntos.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula 98 mil 877 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 -cuando comenzaron los registros- a la fecha.

De estos, más de 73 mil 800 son hombres y casi 25 mil son mujeres.

La tragedia de los desaparecidos, que se suma a una crisis forense, tomó fuerza a partir de 2006, coincidiendo con el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico en México.