Una jueza de la Ciudad de México (CDMX) otorgó una nueva suspensión para no tener acceso a los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de la extinción que se llevó a cabo el Congreso de la Unión.
En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el dinero de los fideicomisos de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) se usara para la reconstrucción del Puerto de Acapulco. Cabe recordar que hace dos semanas la región resultó sumamente afectada por el paso del huracán Otis.
En este contexto, la jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa Elizabeth Trejo concedió la suspensión provisional para que no pueda disponerse de los recursos a los que alude el decreto, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social.
Asimismo, la funcionaria destacó que la suspensión no afecta el interés público al no aclarar cuáles serán los fines para los que se usará dicho recurso.
El senador del Grupo Plural, Germán Martínez dijo que “no es admisible” un acuerdo entre el presidente López Obrador y la presidenta de la SCJN, Norma Piña, para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos debido a que viola la Constitución.
Confirman la suspensión provisional del Decreto
Por su parte, Froylan Muñoz, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), confirmó la concesión de la suspensión provisional del Decreto, que propone eliminar los fideicomisos.
“Hoy, las juzgadoras y juzgadores federales notificamos a la sociedad civil y a todo el personal que labora para la Judicatura Federal, que (…) una juzgadora federal con competencia constitucional en la Ciudad de México, ha concedido la suspensión provisional del Decreto que propone eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación”, expresó.
Esto, por adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se publicó el pasado 27 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, el funcionario resaltó que en la sentencia se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado el Decreto, las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial.