El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este 1 de febrero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del plan B de la Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas” fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022 y actualmente se discute en Comisiones del Senado.
“Dicho recurso se interpuso, debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”, informó el INE en un comunicado.
El INE detalló que el plan B de la reforma electoral va contra el mandato constitucional de que “las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado”.
Además, argumentó que la reforma “permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos”.
El Instituto afirmó que su recurso se interpone porque “considera que el citado Decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda”.