La colaboración entre la iniciativa privada y el gobierno federal es esencial para fortalecer la infraestructura energética de México, especialmente en los sectores de petróleo, gas y electricidad. Esta sinergia no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también garantiza la seguridad energética del país, señaló Novani Maritza Clemente Mateo, especialista en midstream y downstream Oil and Gas.
De acuerdo con la experta, si bien, en los últimos años, se han implementado diversas iniciativas para fomentar la participación conjunta en proyectos energéticos, como la Red Compartida (que es una iniciativa de infraestructura para internet 5G en todo el país) o la construcción de autopistas y hospitales del IMSS mediante la colaboración público-privada, persisten desafíos significativos.
“La colaboración enfrenta obstáculos como la falta de inversión en infraestructura, regulaciones complejas y una coordinación insuficiente entre las partes. Por ejemplo, la producción nacional de gas natural ha caído de forma sostenida desde 2009, y el 70% del gas natural que consume México proviene de Estados Unidos. Además, la situación financiera de Pemex, con una deuda significativa, limita su capacidad para invertir en nuevos proyectos”, señaló.
Para Clemente Mateo, una colaboración sólida puede atraer inversiones, generar empleos y promover la transferencia de tecnología. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Energía (AME) ha expresado su disposición para colaborar con el gobierno a fin de incrementar la capacidad de generación eléctrica y fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional.
“La inversión privada en proyectos de generación de energía renovable se estima en alrededor de 9,000 millones de dólares, lo que permitirá generar una capacidad adicional de 9.6 GW en la red eléctrica”, subrayó.
En este sentido, la especialista enlistó una serie de propuestas para mejorar la relación entre empresas y gobierno, en cuanto a la consolidación de proyectos de infraestructura.
- Simplificación regulatoria: Establecer una ventanilla única para agilizar permisos y trámites, facilitando la inversión privada en proyectos energéticos.
- Incentivos fiscales: Ofrecer beneficios fiscales a empresas que inviertan en infraestructura energética, promoviendo proyectos de energías renovables y eficiencia energética.
- Transparencia y rendición de cuentas: Implementar mecanismos claros que aseguren el uso adecuado de recursos y fomenten la confianza entre las partes.
- Desarrollo de talento: Invertir en capacitación y formación de profesionales en el sector energético para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
“Si buscamos avanzar hacia un sector energético más robusto y sostenible, es necesario Implementar las líneas de acción propuestas y aprender de experiencias internacionales”, concluyó.