Eliminar la prisión preventiva oficiosa al invalidar el artículo 19 de la Constitución le abriría la puerta a 68 mil presuntos delincuentes quienes serían liberados si la Corte aprueba esta medida, alertó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien reveló que por ello el viernes pasado enviaron una carta a los ministros sobre las implicaciones que tendría esta decisión.
“Creemos que la Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar qué significa esto para la paz y seguridad del país”, dijo la titular de la Segob.
La funcionaria federal dijo que la liberación de 68 mil personas por eliminar la prisión preventiva no sólo pone en riesgo a las víctimas, sino también a los testigos. Detalló que estas personas están acusadas de:
Homicidio, 11 mil 639
Secuestro 7 mil 149
Violación 5 mil 167
Narcotráfico y narcomenudeo, 4 mil 13
Portación de armas y explosivos, 3 mil 800
Feminicidio, mil 405
Pederastia, abuso infantil y corrupción de menores, mil 273
Delincuencia organizada, 445
Luisa María Alcalde dijo que el proyecto elaborado y en el que se propone eliminar la prisión preventiva oficiosa se discutirá en las próximas semanas en la Corte y este deriva de una resolución que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en enero de 2023 en la cual condena a México y señala que el país debe adecuar las leyes y la Constitución para eliminar esta medida.
“La Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta a otras instituciones, una obvia sería el Congreso de la Unión”, reprochó la funcionaria federal.
Además, dijo que acatar esta medida también vulneraría la soberanía nacional, ya que sostuvo que el que existan organismos internacionales no implica que las naciones renuncien a su soberanía y al derecho a autodeterminarse.