La Cámara de Diputados alista para la discusión y votación del dictamen que reforma la Ley General de Salud para prohibir de manera integral los vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares. La propuesta contempla penas que van de uno a ocho años de cárcel para quienes se dediquen a producir, vender o distribuir estos artefactos.
El proyecto, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece una prohibición absoluta en actividades como fabricación, almacenamiento, comercio, exportación, importación y suministro de estos productos. Además, prevé multas que podrían ascender hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 226 mil 280 pesos.
Pese a la severidad de las sanciones para quienes participan en la cadena comercial, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aclaró que los usuarios no enfrentarán castigos penales. Señaló que “es falso” que se pretenda detener a jóvenes que porten o utilicen vapeadores, y reiteró que solo habrá apercibimientos y campañas de concientización dirigidas a consumidores.
Monreal sostuvo que la prioridad es advertir sobre los riesgos para la salud asociados al uso de cigarros electrónicos, especialmente entre niños y adolescentes, un sector donde este mercado ha crecido de manera acelerada. Subrayó que las sanciones recaerán únicamente en quienes fabriquen o comercialicen los dispositivos.
El dictamen también incluye la prohibición de cualquier tipo de publicidad o estrategia de promoción relacionada con estos productos en medios impresos, digitales, televisión, radio o plataformas de comunicación. Asimismo, refuerza la legislación para impedir la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos, drogas sintéticas no autorizadas y el uso indebido de fentanilo.