Mediante reformas a leyes secundarias, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma por completo el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional.
La propuesta fue presentada antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, por lo que su análisis no será de carácter preferente.
Sin embargo, Morena prevé plantear su aprobación mañana, con la dispensa de trámites.
De acuerdo con la iniciativa, la Marina y la Secretaría de Seguridad deberán transferir presupuesto a la Sedena para cubrir pagos en la Guardia Nacional.
La iniciativa presidencial propone que la Sedena:
– Ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
– Proponga al jefe de la Guardia Nacional para que lo designe el Presidente.
– Que el comandante de la Guardia Nacional sea homologado como General de División y Almirante.
– Que Sedena haga una reorganización territorial de la Guardia Nacional.
– Que el personal militar de la Guardia Nacional no regrese a cuarteles en el 2024.
El planteamiento para esquivar la restricción constitucional respecto al retorno de los militares a los cuarteles en el 2024 quedó en los transitorios.
“El personal militar que actualmente integra la Guardia Nacional”, cita sobre los 73 mil efectivos de la Sedena y 16 mil de la Semar, “continuará en esa situación bajo el mando de la persona comandante de dicha institución de seguridad pública”.
La Constitución establece en su Artículo 21 que las instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, y que esta corporación estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.
Sin embargo, las propuestas de reforma dicen lo contrario.
La negativa de la Oposición a aprobar una reforma a la Constitución sobre el tema obligó al Ejecutivo a plantear una estrategia con reforma a leyes secundarias.
En la exposición de motivos, el Presidente aseguró que estas medidas no significan la militarización del País.
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Llega AMLO a Cuarto Informe con crisis en seguridad
El Presidente López Obrador llega a su Cuarto Informe de Gobierno sin superar la crisis de violencia asociada al crimen organizado en el País.
Colima, Michoacán y Baja California, estados gobernados por Morena, y otros como Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, han resentido el embate de las organizaciones criminales.
Masacres, balaceras, narcobloqueos, quema de vehículos, actos vandálicos y hasta ataques a la población pintan el panorama de la seguridad en los últimos meses en esas entidades.
En tanto, el Gobierno federal defiende su estrategia de seguridad, afirma que hay gobernabilidad y que los adversarios políticos de la Administración federal magnifican la violencia para infundir miedo.
En las semanas que anteceden al Informe que se rinde este 1 de septiembre, los cárteles generaron disturbios y atemorizaron a la población en varias ciudades.
En el periodo enero-julio de 2022, las autoridades registraron 18 mil 93 víctimas de homicidio doloso.
Las entidades con más víctimas fueron Guanajuato, con mil 864; Michoacán, con mil 587; Baja California, con mil 567; Estado de México, con mil 475; Jalisco, con mil 218; y Chihuahua, con mil 132.
Una de las entidades donde más ha crecido más la violencia es Colima, donde cifras oficiales reflejan un aumento de 60 por ciento en el número de asesinatos.