En el Senado de la República se llevó a cabo la novena reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura, encabezada por su presidenta, la senadora tamaulipeca Olga Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Morena, en la que se aprobaron dictámenes orientados a fortalecer el desarrollo rural sustentable y la inclusión social en el campo mexicano.

Durante la sesión, se discutió y aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Ganadería; de Agricultura; y de Estudios Legislativos, Primera, que adiciona una fracción VII al artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de incorporar de manera expresa la obligación del Estado mexicano de promover el uso de energías renovables en las actividades agropecuarias.

La propuesta reconoce a la transición energética como un eje estratégico para el desarrollo rural, al articular la productividad del campo con la protección del medio ambiente, la justicia social y el uso racional de los recursos naturales.

Asimismo, plantea que el impulso de tecnologías limpias permitirá reducir la dependencia de combustibles fósiles, mejorar la competitividad del sector y generar condiciones más equitativas para las comunidades rurales.

Por otra parte, la Comisión aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura; para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, relativo a la reforma de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de inclusión y apoyo a mujeres campesinas y jornaleras, del cual la senadora Olga Sosa Ruíz es promovente.

Esta iniciativa tiene como finalidad incorporar de manera transversal la perspectiva de género en la política de desarrollo rural, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la producción agroalimentaria y en la economía de sus comunidades, así como las barreras estructurales que enfrentan para acceder a recursos productivos.

Entre los principales objetivos de la reforma destacan la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas del sector, el fortalecimiento de las capacidades productivas y financieras de las mujeres rurales, y la generación de condiciones que garanticen su autonomía económica y social.

De manera específica, el dictamen establece la prioridad en el acceso a financiamiento para mujeres campesinas y jornaleras, especialmente aquellas que encabezan unidades productivas, así como el diseño de fondos específicos para su inclusión y bienestar.

Asimismo, contempla el reconocimiento jurídico de las jornaleras agrícolas, el acceso a asistencia técnica, y la incorporación de servicios de cuidado infantil como elemento clave para facilitar su participación económica.

Adicionalmente, se propone integrar a la Secretaría de las Mujeres en los mecanismos de coordinación institucional, con el fin de asegurar la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo rural.

Las y los integrantes de la Comisión coincidieron en que estas reformas fortalecen el marco normativo vigente, sin contravenir disposiciones constitucionales ni invadir competencias de las entidades federativas, y se alinean con la legislación nacional en materia de igualdad sustantiva y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.