La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, un marco jurídico que endurece significativamente las penas contra este delito, estableciendo castigos que pueden alcanzar hasta 42 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada ni reducción de condena.

Con trámite de urgente resolución, el pleno avaló las modificaciones enviadas por el Senado y turnó el decreto al Ejecutivo para su publicación. La legislación fija una pena base de 15 a 25 años de cárcel y multas que pueden llegar a 500 UMA, para quienes obliguen a una persona a dar, hacer o tolerar algo con fines de lucro.

La normativa incorpora 34 agravantes distribuidas en tres categorías, que aumentan las sanciones dependiendo del tipo de víctima, del contexto y del método utilizado. En casos como el llamado “cobro de piso” o cuando el ilícito afecta a actividades comerciales, empresariales, agrícolas o de servicios, las penas pueden elevarse hasta 33 años.

Las sanciones se agravan aún más —de 5 a 12 años adicionales— cuando las víctimas sean menores de edad, migrantes, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con relación laboral o de confianza con el agresor, alcanzando un máximo de 37 años de prisión.

Y si se utiliza violencia física o se fabrican accidentes de tránsito para exigir pagos, la condena puede aumentar entre 7 y 17 años, llegando al límite máximo de 42 años.

El proyecto también restituye penas de 10 a 20 años para servidores públicos que conozcan de un caso de extorsión y no lo denuncien. Asimismo, establece mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, homologa el tipo penal en todo el país y ordena que la persecución sea de oficio. Las denuncias anónimas podrán realizarse a través del número 089.

Durante la discusión, legisladores del PAN criticaron a Morena por intentar reducir sanciones respecto a las vigentes en algunos estados, señalando que el Senado tuvo que corregir la propuesta. En respuesta, Ricardo Monreal defendió la posición de su bancada y llamó a elevar el nivel del debate parlamentario, aunque reconoció la responsabilidad compartida en lo aprobado.