La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 343 votos a favor, 129 en contra y ninguna abstención, la minuta que expide la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente.

Con esta aprobación, se da un paso importante para modernizar el marco legal que regula las telecomunicaciones y los medios de radiodifusión en el país, buscando fortalecer la competencia, mejorar la calidad del servicio y garantizar el derecho de acceso a la información.

Esta reforma tiene como objetivo principal garantizar el acceso a internet para toda la población y fortalecer el derecho a la información, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

Entre los puntos destacados se encuentra la creación de concesiones de uso social, comunitario o indígena, que estarán exentas del pago de derechos para mejorar la accesibilidad a las telecomunicaciones en comunidades marginadas. Además, se impulsa el acceso para personas en situación de vulnerabilidad y con discapacidad.

La reforma elimina los artículos que otorgaban atribuciones a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Agencia Reguladora para intervenir en contenidos o bloquear plataformas digitales, asegurando una mayor libertad de expresión. Para proteger la soberanía nacional, limita la propaganda política extranjera, siempre salvaguardando el derecho a la libre expresión. Asimismo, refuerza los derechos de las audiencias estableciendo una clara distinción entre la información noticiosa y las opiniones.

La certeza jurídica para los concesionarios queda garantizada y se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por cinco miembros propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado.

Un aspecto relevante es la regulación de precios en planes de telefonía móvil, con el objetivo de establecer límites en los costos de los celulares, especialmente aquellos que requieren renovación anual. La Comisión Reguladora será responsable de reglamentar estos precios para proteger a los consumidores.

Finalmente, el proyecto de decreto pasará al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales