Gasolineros del oriente del Estado de México reclamaron que han sido extorsionados por inspectores de la Procuraduría de Federal del Consumidor (Profeco) de manera sistemática y periódica.

Afirmaron que esos funcionarios los acusan por la supuesta alteración de los dispensadores, mediante programas los denominados “rastrillos”.

“Entonces llegan, inspeccionan las mangueras, nos dicen que es muy posible exista un pulsador (un aditamento que no está colocado en la tarjeta madre del dispensador) que altere el despacho de combustible y con eso ya ponen el sello, por la pura sospecha, hasta que se revise, o en cambio, por 50 mil pesos o hasta los 80 mil pesos, hacen como que nos hacen un favor y no registran en su informe el supuesto rastrillo, que es inexistente, porque no le movemos nada a los dispensadores”, dijo a REFORMA un gasolinero del municipio de Chalco.

El 1 de febrero pasado la Profeco reconoció que, a esa fecha, inició 424 procedimientos por infracciones a la ley relativas a la bitácora de eventos en dispensarios de la marca Gilbarco, por lo que pidió a los gasolineros afectados demandar al fabricante por posibles daños y perjuicios.

Indicó que esa falla en los dispensarios de los gasolineros derivaron en 247 procedimientos por infracción a la ley, que concluyeron con multas por 117.3 millones de pesos.

“Esa falla consiste en que, al descargar la bitácora de eventos del dispensario y revisar los registros de cambio de precio, estos no se encuentran almacenados, de acuerdo al lapso establecido en la normatividad (al menos 12 meses de operación normal)”, indicó la Profeco.

Para los gasolineros, desde el 8 de octubre de 2020, que entró en vigor la modificación completa de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, que estableció que las estaciones de servicio de despacho de gasolina y diésel deben contar con dispensarios nuevos o actualizados que cumplan con las características y especificaciones establecidas en dicha norma, autoridades avalaron el uso de los sistemas Gilbarco.

Para la Profeco no está entre sus facultades avalar la utilización de instrumentos, ni certifica la calidad de software.

“En caso de detectarse incumplimiento -por defecto, en este caso- se aplica la medida precautoria de inmovilización. La falla en cuestión no afecta a todas las gasolineras, sino principalmente a las cadenas que cuenten con dispensarios de la marca Gilbarco, con configuración para venta a flotillas (venta al mayoreo). En el mercado hay otras siete marcas de dispensarios, los cuales cumplen con la normatividad aplicable”, añadió.

“Ellos saben que existe esta situación, así que cuando revisan obviamente van a encontrar esas fallas en el software defectuoso. Y nos dicen ‘ustedes o manipularon los dispensadores o no los han cambiado, así que vamos a poner los sellos, porque la responsabilidad es de ustedes’, y va de nuevo la extorsión, de lo mismo 50 mil a 80 mil pesos”, se quejó el gasolinero de Chalco que prefiere omitir su nombre por temor a represalias.

Indicó que han solicitado a la Cenam orientación sobre cómo modificar esos sistemas, pero no han sido apoyados. Mientras, trabaja con los dispensadores defectuosos derivado de la extorsión a los inspectores, reconoció.

Otro gasolinero del Municipio de Ixtapaluca reclamó que la extorsión de los inspectores ya se asemeja a un diezmo.

“Ya somos sus clientes, lamentablemente, sabemos que nos van a inventar cualquier detalle en las mangueras para poner el sello. El principal es que nosotros los alteramos porque les brinca en sus sistemas qué hay una alteración en el despacho.

“Y no se les gana. Traen los sellos listos y que cómo le hacemos. El año pasado nos sacaron que teníamos un rastrillo, nos detuvieron toda la gasolinera casi tres meses. Luego de la investigación se resolvió que no había pruebas de la presencia de ese sistema, pero nos afectaron mucho. Entonces esa amenaza de que suponen qué hay un rastrillo nos puede llevar a la ruina. Por eso nosotros decimos que esa extorsión ya es un diezmo. Y vienen cada 20 días por ese esa mordida, lamentablemente”, se quejó.

En Guerrero, un gasolinero de Chilpancingo, acusó que ha sido extorsionado en dos ocasiones, pero sin la revisión de los dispensadores.

“Llegan amables, hacen la plática y comentan que van a proceder con la revisión, pero lo hacen lento, que hace mucho calor, y que se van a refrescar, luego dicen, ‘pues a darle, o a menos que usted diga otra cosa’, y pues ya sabemos a qué se refiere”, comentó el gasolinero sin detallar los montos de la extorsión para evitar problemas.

En México, aproximadamente un 50 por ciento de las estaciones de servicio operan con la marca Gilbarco de dispensarios.

“Al ser el fabricante quien designa la capacidad de memoria o el espacio en el software, para el registro de las operaciones, éste tiene la obligación de evaluar qué aditamentos electrónicos son los adecuados para que sus sistemas de despacho cumplan con la normatividad. En este caso, se puede determinar que la inconsistencia detectada en el software es netamente responsabilidad de Gilbarco Inc”, determinó la Profeco.

En una respuesta de información, la Profeco explicó que los motivos de la visita de verificación en una gasolinera son para conocer, en un momento determinado, si cumple con la legislación en materia de consumo en cuestiones de metrología (mediciones certeras del producto despachado) y comportamiento comercial del proveedor, por ejemplo, que se respete el precio exhibido y que no exista condicionamiento de la venta o prácticas discriminatorias.

“En caso de encontrar algún tipo de infracción se aplican sellos de inmovilización para evitar que continúe con el uso de los instrumentos de medición en tanto se subsanan o aclaran las presuntas irregularidades encontradas”, anotó la Procuraduría.