Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el jueves un plan para resolver una queja laboral presentada por autoridades estadounidenses en torno a los intentos de un sindicato para robarse una votación en una planta automovilística del norte de México.
La Secretaría de Economía, encabezada por Tatiana Clouthier, se comprometió a sancionar cualquier acción contraria al nuevo voto de legitimación del contrato colectivo, a permitir la asistencia de inspectores y a que la votación se realice a más tardar el 20 de agosto en la planta de General Motors en la ciudad de Silao, estado de Guanajuato. Además la votación se efectuará dentro de la planta, no en las oficinas del sindicato que supuestamente intentó destruir las papeletas.
A partir de la semana entrante, estará autorizada la presencia de inspectores de la Secretaría del Trabajo en el interior de la planta para impedir tácticas de intimidación, así como de observadores de la Organización Internacional del Trabajo.
Sin embargo, se desconoce si bastará con esos compromisos. Los empleados en la planta se han quejado de que la añeja organización sindical Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha recurrido a tácticas como promesas y amenazas a delegados sindicales, y ofrecer vehículos en rifas, a fin de ganar la votación.