Victoria, Tamaulipas.- La presencia de niños y familias en medio de enfrentamientos entre policías y grupos criminales podría convertirse en un factor que limite todavía más la respuesta de las corporaciones de seguridad, sobre todo, si se confirma que la delincuencia los utiliza deliberadamente como protección para impedir los operativos.

Gerardo Peña Flores, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Tamaulipas, consideró que una práctica de esa naturaleza obligaría a revisar los protocolos policiales para establecer cómo actuar cuando los delincuentes mezclen a personas inocentes con sus operaciones.

El legislador se refirió a la investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para determinar si durante los enfrentamientos y narcobloqueos del pasado 29 de octubre en Matamoros fueron utilizados civiles como escudos humanos.

En esos acontecimientos perdió la vida Aranza, una niña de siete años, por lo que Peña Flores sostuvo que es indispensable esclarecer las circunstancias de su muerte y establecer si su presencia fue aprovechada deliberadamente para obstaculizar la intervención de las autoridades.

Advirtió que, de comprobarse que integrantes de grupos criminales colocaron a menores de edad o familias en medio de los operativos para evitar que los policías respondieran a las agresiones, estarían incurriendo en una conducta de extrema gravedad que incluso podría encuadrar en actos de terrorismo.

El coordinador panista explicó que el problema no solamente tendría consecuencias jurídicas para los responsables, sino que también afectaría la capacidad de reacción de las fuerzas del orden, debido a que los elementos tendrían que valorar el riesgo para terceros antes de utilizar sus armas.

“En caso de que se estén utilizando niños o civiles como escudos, lo que sucede es que se inhibe la acción de la justicia, ya que seguramente las fuerzas del orden la pensarían dos o más veces antes de accionar en futuros enfrentamientos”, expresó.

Peña Flores consideró que este escenario debe ser tomado en cuenta por las autoridades responsables de la seguridad pública, pues los protocolos necesitan contemplar situaciones en las que los grupos delictivos recurran a personas ajenas a sus actividades para dificultar o frenar las intervenciones policiales.