El Tribunal de Disciplina Judicial mantiene abiertas alrededor de 200 investigaciones contra personal de los órganos jurisdiccionales por posibles faltas administrativas.

Las indagatorias están relacionadas con retrasos en la resolución de asuntos, omisiones en la entrega de informes y otras irregularidades administrativas, de acuerdo con información proporcionada por el magistrado Jesús Manuel Castillo Quintanilla.

Entre las quejas más frecuentes se encuentran dilación injustificada en la impartición de justicia, inconformidad de ciudadanos con resoluciones judiciales y presunta manipulación de expedientes.

El magistrado explicó que estas revisiones forman parte del proceso para atender el rezago de denuncias y quejas acumuladas durante la operación del extinto Consejo de la Judicatura del Estado, situación que anteriormente generó demoras en los procesos de supervisión judicial.

Precisó que el tribunal analiza conductas de jueces, secretarios y otros servidores judiciales, algunas de ellas todavía en fase de investigación, por lo que hasta el momento no se han impuesto sanciones.

Castillo Quintanilla detalló que el proceso inicia con la Comisión de Investigación, encargada de recabar datos, indicios y elementos relacionados con las denuncias contra servidores públicos del sistema judicial.

En caso de que se detecten posibles faltas administrativas, los expedientes se turnan a la Comisión de Sustanciación, instancia que analiza la procedencia del caso conforme a los plazos legales.

“Se han remitido varias determinaciones a la comisión de sustanciación y ahí se define, dentro de los tiempos legales, si procede o no emitir un fallo”, explicó.

El magistrado indicó que conductas como la dilación en procesos o la omisión de informes no siempre constituyen faltas graves. Sin embargo, irregularidades de mayor impacto, particularmente en materia penal, sí podrían derivar en sanciones severas o incluso en la remoción del cargo.

Entre los casos más delicados mencionó situaciones en las que no se respete el plazo legal para resolver la situación jurídica de una persona imputada.