En la zona sur de Tamaulipas, el acceso al transporte público sigue lejos de ser un derecho plenamente garantizado para las personas con discapacidad, quienes enfrentan diariamente obstáculos derivados de la falta de infraestructura adecuada, así como de la discriminación y escasa sensibilidad social.

Trasladarse de un lugar a otro se ha convertido en un auténtico viacrucis, denunció la regidora de Altamira, Martha Eladia García Carrizales, quien vive con una discapacidad motriz y enfrenta de manera cotidiana las deficiencias del sistema de transporte en la región.

Aunque el uso de una silla de ruedas le permite desplazarse, también limita su acceso al transporte público convencional, debido a que las unidades no están adaptadas ni cumplen con las condiciones mínimas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La edil señaló que incluso el servicio de taxis o de plataformas digitales representa una experiencia frustrante y, en muchos casos, humillante, ya que los conductores suelen cancelar los viajes al percatarse de su condición física.

“He tenido que solicitar hasta tres servicios distintos; cuando me ven en silla de ruedas, simplemente cancelan y argumentan que no pueden trasladarme”, expuso.

García Carrizales lamentó que, en pleno 2026, las personas con discapacidad continúen siendo excluidas de un derecho fundamental como la movilidad, lo que refleja la ausencia de políticas públicas eficaces y una preocupante falta de conciencia social entre quienes prestan este servicio.

“También trabajamos, tenemos citas médicas y necesitamos adquirir medicamentos. No pedimos favores, exigimos derechos”, subrayó.
Advirtió que esta situación mantiene a las personas con discapacidad en un estado constante de vulnerabilidad, al obligarlas a depender de terceros y restringir su autonomía, dignidad y calidad de vida.

Finalmente, la regidora señaló que la indiferencia y la carencia de empatía siguen normalizando la discriminación cotidiana hacia este sector de la población, mientras autoridades y concesionarios del transporte no garantizan un sistema de movilidad verdaderamente incluyente.