Victoria, Tamaulipas.– Para consultar la declaración patrimonial de Rigoberto Rodríguez Rangel, tesorero del Ayuntamiento de El Mante, es necesario proporcionar datos de identificación a través de un correo electrónico, pese a que la legislación en materia de transparencia establece que la versión pública de estos documentos debe estar disponible para la ciudadanía.
El requisito impuesto para acceder a la información dificulta la consulta de un documento de interés público, que permite conocer los bienes, ingresos y posibles modificaciones en el patrimonio de los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con las disposiciones de transparencia, las dependencias y entidades de los gobiernos estatales y municipales tienen la obligación de publicar y mantener actualizada la versión pública de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios.
El artículo 57, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece expresamente que los sujetos obligados deben poner a disposición del público la versión pública de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Estas declaraciones se presentan en diferentes etapas de la función pública.
La inicial, al ingresar al cargo, la de modificación, para informar sobre los cambios registrados durante el ejercicio de sus responsabilidades, y la de conclusión, cuando termina el encargo.
La información permite dar seguimiento a la evolución patrimonial de los funcionarios, conocer sus ingresos y bienes, así como identificar posibles incrementos que ameriten una revisión.
El tesorero mantiene observaciones millonarias relacionadas con la Cuenta Pública 2024.
Además, una revisión de las contrataciones de obra pública del Ayuntamiento documentó inconsistencias en la asignación de recursos a proveedores, al fungir además de tesorero, como Presidente del comité de compras y operaciones patrimoniales.
Entre los datos identificados se encuentran 47 contratos por un monto conjunto de 68 millones 117 mil pesos, correspondientes al periodo de diciembre de 2024 a febrero de 2026.
Ninguno fue asignado mediante licitación pública, ya que el 85.4 por ciento se entregó por invitación a cuando menos tres proveedores y el 14.6 por ciento mediante adjudicación directa.
También se detectaron dos contratistas con el mismo domicilio fiscal, quienes recibieron en conjunto 14.7 millones de pesos, además de otras coincidencias en procedimientos de contratación que requieren aclaración.
La demanda de transparencia no se limita a conocer cuánto dinero ingresa a las arcas municipales o cómo se distribuye mediante contratos, también comprende la posibilidad de consultar la información pública de quienes administran esos recursos.