Victoria, Tamaulipas.- Aunque el flujo de deportaciones por la frontera de Reynosa ha mostrado una disminución durante las últimas semanas, la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes continúa siendo uno de los mayores desafíos para las autoridades de ambos lados de la frontera, advirtió la diputada local Eva Reyes, al alertar que los menores siguen siendo utilizados por grupos criminales para el cruce ilegal de personas y el tráfico de drogas.

La legisladora señaló que, previo al periodo vacacional de verano, es necesario que las autoridades presenten un balance sobre el comportamiento de las deportaciones, ya que no existe una coordinación efectiva entre Estados Unidos y México para informar con anticipación sobre los grupos de personas que serán retornadas.

“No hay un orden; cuando las autoridades norteamericanas llenan los camiones realizan las deportaciones y México únicamente recibe los listados para atender a los migrantes”, expuso.

Reyes subrayó que la mayor preocupación recae en los menores de edad, particularmente por los antecedentes de centros de retención que no garantizaban plenamente sus derechos humanos y por la permanencia de adolescentes que siguen siendo reclutados para actividades ilícitas en la frontera.

De acuerdo con el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, entre 2023 y 2025 el organismo ha brindado atención integral a 31 mil 320 niñas, niños y adolescentes en distintos contextos de movilidad, incluyendo acceso a educación, vacunación, alfabetización, documentación civil, becas, atención emocional y actividades en albergues.

Los datos oficiales muestran además que Tamaulipas continúa siendo el principal punto de repatriación de menores no acompañados del país, concentrando alrededor del 40 por ciento de todos los eventos registrados a nivel nacional.

Si bien las deportaciones de menores han disminuido de manera gradual, al pasar de 4 mil 225 eventos en 2023, a 3 mil 262 en 2024 y 2 mil 189 durante 2025, el fenómeno mantiene características preocupantes.

Rodríguez Alvarado explicó que la mayoría de los casos corresponde a adolescentes originarios de Matamoros y Reynosa que son deportados de manera reiterada.

Tan sólo durante 2024, un análisis del Instituto detectó que 236 menores acumularon mil 606 procesos de repatriación, equivalentes al 29 por ciento de todas las deportaciones de ese año. Incluso se documentó el caso de un adolescente que fue deportado 38 veces en un solo año.

Este fenómeno corresponde a los llamados “niños de circuito”, menores que son detenidos y devueltos por la Patrulla Fronteriza al menos cuatro veces en un año y que presuntamente son utilizados por organizaciones criminales para introducir migrantes de manera ilegal o para el trasiego de drogas, aprovechando que, por su edad, enfrentan consecuencias penales distintas a las de un adulto.

Las estadísticas del ITM indican que más del 80 por ciento de las repatriaciones de menores no acompañados corresponde precisamente a este perfil de adolescentes, casi todos originarios de municipios fronterizos de Tamaulipas.

Durante 2025, de los 5 mil 476 eventos de repatriación de menores no acompañados registrados en el país, 2 mil 189 ocurrieron por Tamaulipas, distribuidos en 42 por ciento por Matamoros, 38 por ciento por Nuevo Laredo y 20 por ciento por Reynosa, lo que confirma la presión migratoria que enfrenta la entidad.

Eva Reyes señaló que, aunque actualmente son menos los migrantes que permanecen en Reynosa para intentar un nuevo cruce hacia Estados Unidos, continúan detectándose menores que cruzan solos el río Bravo o que son utilizados por grupos delictivos.

“El número de niñas y niños que intentan cruzar solos sigue siendo alto y también continúa siendo elevado el número de menores deportados”, afirmó.

En este sentido, el ITM mantiene acciones dirigidas a hijos de jornaleros agrícolas migrantes procedentes principalmente de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas, quienes se concentran en campos agrícolas del sur del estado y de la región cañera, donde en muchos casos enfrentan condiciones de estancia precarias, sin servicios básicos y en entornos insalubres.

Ante este panorama, el Instituto ha instalado mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, SIPINNA Nacional, organismos internacionales como ACNUR, OIM y Save the Children, además de instituciones académicas y legislativas, con el propósito de impulsar reformas que permitan sancionar a quienes explotan a menores de edad en actividades relacionadas con el tráfico de personas y otros delitos en la frontera.