Victoria, Tamaulipas.- Durante sus cuatro años como diputada local, Úrsula Patricia Salazar Mojica sobrina del expresidente Andres Manuel López Obrador ha percibido un total de tres millones 697 mil pesos en salario, pero solo ha su desempeño como legisladora equivale a un promedio de poco más de una iniciativa por mes.

De acuerdo con los datos del Congreso local y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la legisladora mantiene un sueldo mensual de 77 mil 32 pesos, sin tomar en cuenta aguinaldos y primas vacacionales.

Lo que representa ingresos anuales por 924 mil 384 pesos y un acumulado cercano a los 3.6 millones de pesos en el tiempo que ha ejercido el cargo.

Al contrastar estas cifras con su actividad legislativa, cada iniciativa presentada tendría un costo aproximado de 54 mil pesos para el erario, considerando únicamente su percepción salarial.

En un estado donde hay más de 100 mil personas en pobreza extrema, que no cuentan con los recursos necesarios para adquirir la canasta básica, adquirir una vivienda, estudiar o alimentarse dignamente.

Frente a ese problema social, cada que la legisladora presenta un iniciativa, le cuesta 54 mil pesos a los tamaulipecos.

En términos de productividad, Salazar Mojica ha registrado un promedio de 17 iniciativas por año.

Durante la 65 Legislatura concentró la mayor parte de su trabajo, con un total de 40 propuestas, mientras que en la actual Legislatura ha presentado 29.

No obstante, el total de iniciativas no se ha traducido en aprobación dentro del Congreso local.

Del total presentado, al menos nueve han sido desechadas y dadas de baja en el proceso legislativo, lo que evidencia que no todas han logrado avanzar o concretarse en reformas vigentes.

Y muchas más se encuentran en trámite, es decir, se mantienen en la congeladora, mientras sigue cobrando cerca de los 80 mil pesos, donde el promedio de ingresos de una familia de cuatro integrantes es cercano a los 24 mil pesos.

La diputada le ha costado más a los tamaulipecos del beneficio que ha dejado en el Congreso, sumado a que quiere que todas las personas que tienen un vehículo contrate un seguro por daños a terceros, de lo contrario no se les permitirá realizar trámites en las oficinas fiscales.