Los 22 millones 951 mil 698 pesos observados en el Ayuntamiento de El Mante durante los primeros tres meses de la administración de Martha Patricia Chío de la Garza continúan sin solventarse, de acuerdo con el seguimiento de las irregularidades detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2024.
Este escenario podría incidir en el entorno electoral, donde el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado en el Congreso local, Eliphaleth Gómez Lozano, advirtió recientemente que los alcaldes y exalcaldes que mantengan cuentas públicas pendientes podrían enfrentar impedimentos para participar como candidatos.
En ese sentido, el legislador sostuvo que quienes no hayan aclarado el manejo de los recursos públicos deben atender primero sus responsabilidades ante las autoridades fiscalizadoras.
Los señalamientos corresponden exclusivamente a octubre, noviembre y diciembre de ese año, cuando Patricia Chío ya estaba al frente del Gobierno Municipal y Rigoberto Rodríguez Rangel ocupaba la Tesorería.
Entre las irregularidades reportadas se encuentran deficiencias en procedimientos de contratación, adjudicaciones directas sin justificación suficiente, falta de documentación para acreditar la recepción de bienes y servicios, pólizas sin comprobación y obligaciones pendientes de pago.
El monto observado asciende a casi 23 millones de pesos y, pese al tiempo transcurrido desde el ejercicio fiscal revisado, las observaciones continúan pendientes de solventación. Ésto significa que no se ha acreditado documentalmente ante la autoridad fiscalizadora la atención de los señalamientos en los términos requeridos.
Recientemente, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado en el Congreso local, Eliphaleth Gómez Lozano, advirtió que los alcaldes y exalcaldes que mantengan cuentas públicas pendientes podrían enfrentar impedimentos para participar como candidatos.
El legislador sostuvo que quienes no hayan aclarado el manejo de los recursos públicos deben atender primero sus responsabilidades ante las autoridades fiscalizadoras.