Reynosa, Tamaulipas.— El Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa (CCER) se sumó a la exigencia de transportistas sobre la urgencia de acciones concretas para frenar los robos, las extorsiones y los cobros indebidos en carreteras, problemas que afectan la seguridad de los operadores y encarecen el traslado de mercancías.

En un posicionamiento firmado por su coordinador, José Uriel Ordóñez Pérez, el organismo empresarial expresó su respaldo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y a otras organizaciones del sector, que demandan mejores condiciones para trabajar y garantías para sus operadores.

El pronunciamiento se dio tras las movilizaciones realizadas el lunes 26 de octubre, en las que transportistas reclamaron mayor seguridad y atención a los problemas que enfrenta el autotransporte de carga.

A los riesgos de la delincuencia se suman el deterioro de las carreteras y el incremento de los costos operativos, factores que presionan a una actividad estratégica para el movimiento de mercancías y el funcionamiento de las cadenas productivas.

“No podemos exigir competitividad a nuestras empresas mientras quienes transportan las mercancías enfrentan riesgos para su integridad, incertidumbre jurídica y condiciones que encarecen sus operaciones”, señaló el organismo.

El CCER advirtió que las consecuencias de estos problemas no se limitan a las empresas transportistas, pues los sobrecostos pueden trasladarse a la industria, el comercio y los consumidores, además de afectar la actividad económica y el empleo.

En Reynosa, uno de los principales centros industriales y logísticos de la frontera norte, el transporte de carga es fundamental para abastecer a las maquiladoras, sostener el comercio exterior y mantener en movimiento la economía regional.

Por ello, el organismo pidió a las autoridades federales, estatales y municipales pasar de los pronunciamientos a resultados verificables para mejorar las condiciones de seguridad en las vías de comunicación.

Entre las medidas planteadas por el sector empresarial destacan el reforzamiento de la seguridad carretera, el combate a la extorsión, la regulación de los servicios de arrastre y salvamento, la simplificación de trámites y el mantenimiento de la infraestructura vial.
También solicitó revisar las medidas fiscales que incrementan los costos del transporte.

El Consejo reconoció el derecho de los transportistas a manifestarse pacíficamente, pero llamó a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones innecesarias a la población, al abasto de productos esenciales y a las actividades económicas.

El organismo insistió en que las negociaciones deben traducirse en acuerdos con responsables definidos, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento que permitan medir los avances.

“Defender al transporte es también defender el empleo, el comercio, la industria y la economía de las familias mexicanas”, sostuvo el CCER al reiterar su respaldo a los operadores y trabajadores del sector.