El Poder Judicial de la Federación determinó que sí procede la tramitación urgente del amparo indirecto y la suspensión de oficio cuando una persona reclama su internamiento involuntario en un centro de rehabilitación de adicciones.

La tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro digital 2031794, establece que el encierro forzado en un anexo puede constituir una afectación directa a la libertad personal, por lo que los jueces están obligados a analizar el caso con carácter urgente.

El criterio fue emitido por un Tribunal Colegiado de Circuito, luego de que un Juzgado de Distrito negara tanto la suspensión como el trámite urgente del amparo promovido por una persona internada contra su voluntad en un centro de rehabilitación. El juzgado consideró que no se actualizaban las hipótesis previstas en la Ley de Amparo; sin embargo, el Tribunal corrigió esa interpretación.

En su resolución, los magistrados señalaron que el internamiento involuntario implica un aislamiento temporal que puede traducirse en una restricción a la libertad deambulatorio y de movimiento. Aunque se argumente que el objetivo es preservar la vida o la integridad física del paciente, si no existe consentimiento válido, la medida puede contravenir disposiciones legales y constitucionales.

El fallo advierte que este tipo de actos son equiparables a los supuestos contemplados en la Ley de Amparo relacionados con afectaciones graves a la libertad personal, lo que obliga a los jueces a actuar con rapidez y, en su caso, conceder la suspensión de plano para evitar daños irreparables.

La decisión cobra especial relevancia en un contexto donde proliferan centros de rehabilitación privados que, en algunos casos, han sido señalados por prácticas de internamiento forzado y condiciones cuestionables.

Además, en Tamaulipas autoridades han suspendido y clausurado varios anexos por maltrato, hacinamiento e irregularidades sanitarias, lo que refuerza la necesidad de supervisión y regulación de estos centros. La libertad personal, incluso en contextos de tratamiento por adicciones, debe estar protegida bajo el más alto estándar jurídico.