Ni regalos, ni dádivas, ni conflictos de interés y mucho menos utilizar las redes sociales oficiales para bloquear a personas: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas que es presidido por Lázaro José Lara Balderas estableció nuevas reglas de conducta para quienes trabajan en este órgano.
El nuevo Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Tribunal, publicado en el POE, establece una serie de obligaciones que deberán cumplir todos sus servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o tipo de contratación.
Uno de los puntos que puede tener mayor impacto es la prohibición expresa de aceptar, exigir u obtener obsequios, regalos, dádivas, servicios o cualquier beneficio relacionado con el ejercicio del cargo.
La disposición alcanza incluso beneficios que pudieran recibirse para familiares, socios o terceras personas vinculadas con el servidor público. Y si un funcionario recibe un regalo sin haberlo solicitado, tampoco podrá simplemente conservarlo. El Código establece que deberá informar inmediatamente al Órgano Interno de Control y ponerlo a disposición de la autoridad competente.
El nuevo ordenamiento también pone especial atención en los conflictos de interés. Cuando una persona servidora pública considere que existe una situación que pueda impedirle actuar con imparcialidad, deberá informar por escrito a su superior jerárquico y solicitar ser excusada de participar en la atención, trámite o resolución del asunto.
Las redes sociales tampoco quedan fuera de las nuevas reglas. El Código establece que las redes sociales pueden constituir una extensión de las personas servidoras públicas en medios electrónicos, por lo que deberán procurar la imagen del Tribunal y la confianza en el servicio público.
Pero existe una disposición particularmente llamativa: cuando un servidor público utilice sus redes para hacer públicas actividades relacionadas con su empleo, cargo o comisión, esas cuentas quedarán sujetas a un nivel distinto de publicidad y escrutinio y deberán abstenerse de restringir o bloquear la interacción de determinadas personas.
El documento también obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, conforme a la legislación aplicable.