En el proceso electoral de 2027, serán los partidos políticos los filtros iniciales y finales para definir a sus candidatos y ellos decidirán si pese a una observación sobre posibles antecedentes delictivos los eliminan o los mantienen. En esa elección, el Instituto Nacional Electoral advirtió que “no será ni juez ni parte”.

La función constitucional del INE es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia”, precisó la consejera Frida Denisse Gómez Puga, quien precisó que serán los partidos los que determinen qué perfiles desean someter a revisión, precisó la consejera del INE, Frida Denisse Gómez Puga.

Los partidos políticos, agregó, podrán solicitar que sus aspirantes sean sometidos a un análisis de integridad antes de formalizar sus candidaturas, “pero el INE no iniciará investigaciones por cuenta propia, ya que su función será únicamente administrativa”, declaró.

Asimismo, explicó que esta revisión estará a cargo de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que aún no entra en funciones, debido a que continúa el proceso de implementación de la reforma electoral y corresponde al área jurídica definir su integración, así como las reglas bajo las cuales operará. Esta instancia tendrá la facultad de pedir información a dependencias para identificar posibles antecedentes que representen un riesgo para la postulación de algún aspirante, subrayó.

Entre las instituciones que podrán aportar datos se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado y otros organismos competentes, con el propósito de detectar relaciones de algún candidato con actividades ilícitas, incluido el crimen organizado.
Una vez reunidos los datos proporcionados por las autoridades, la comisión elaborará un pronunciamiento que será entregado de manera confidencial a los institutos políticos. Con base en esos elementos, dejó en claro, cada partido decidirá si mantiene o retira la postulación de la persona evaluada.

Por ahora, no existe un mecanismo que permita al INE impedir el registro de una candidatura como resultado de estas revisiones, ya que la decisión final continuará en manos de los propios partidos, una vez que conozcan los resultados del análisis de integridad.

La consejera consideró que este nuevo esquema representa un mayor compromiso para los partidos políticos, ya que recaerá en ellos la responsabilidad de analizar con mayor rigor los perfiles que presenten a la ciudadanía durante las próximas elecciones.