Las multas de tránsito y los operativos anti alcohol se han convertido en un fuerte golpe para la economía de los trabajadores de bajos ingresos, particularmente para los obreros de la construcción, quienes pueden perder en una sola sanción el equivalente a varias semanas de salario, advirtió Lorenzo Balderas Castillo, presidente de la Unión de Obreros y Trabajadores de la Rama de la Construcción adherida a la CROC en Tamaulipas.

El dirigente obrero señaló que la organización ha planteado ante las autoridades locales la necesidad de revisar los montos de las sanciones y establecer mecanismos más proporcionales, sin que ello signifique estar en contra de los operativos destinados a prevenir accidentes.

“Las multas pueden ser de acuerdo al ingreso del infractor, si es jornalero como pueden pagar 8 a 12 mil pesos, pues es gravoso” estimo.

Balderas Castillo explicó que, para un trabajador de la construcción, una multa elevada puede representar un problema serio para la economía familiar, especialmente cuando se trata de personas que viven de un ingreso diario y tienen compromisos inmediatos como alimentación, transporte, renta y servicios.

“Una multa que para algunas personas puede representar un gasto más, para un trabajador puede significar dejar de llevar comida a su casa durante varios días o incluso semanas”, sostuvo.

El representante de la CROC puso sobre la mesa la situación que enfrentan particularmente los albañiles, quienes después de una jornada laboral pueden acudir a convivir con sus compañeros y consumir una o dos cervezas, pero si posteriormente son detectados en un operativo anti alcohol y se encuentran por encima de los límites permitidos, pueden terminar enfrentando sanciones económicas que resultan desproporcionadas frente a su capacidad de pago.

La organización obrera insistió en que no se pretende justificar que una persona conduzca bajo los efectos del alcohol, sino que las políticas de seguridad vial deben privilegiar la prevención, la educación y la responsabilidad, además de considerar la realidad económica de quienes reciben los ingresos más bajos.

Balderas Castillo sostuvo que los operativos anti alcohol deben mantenerse como una herramienta para evitar accidentes y proteger vidas, pero pidió que las sanciones económicas respondan a un principio de proporcionalidad y no se conviertan únicamente en mecanismos de recaudación para los municipios.