Altamira. – De madrugada y sin la presencia de los propietarios, elementos de la Fiscalía General de Justicia y apoyados por la Guardia Nacional procedieron a la clausura de establecimientos dedicados a la comercialización de ropa y accesorios al parecer “clonados”; algunos con 30 años dedicándose a la venta.
Fue la madrugada del viernes cuando los agentes irrumpieron en al menos 22 negocios que se localizan sobre la calle Hidalgo en plena zona centro de la ciudad, entre ellos una zapatería de renombre, a fin de catear por supuestas anomalías.
Sobre el particular Jesús Mora Aguilar y Lucio Valdés, ambos afectados externaron su malestar por el accionar de los agentes de la Fiscalía, pues arribaron sin una notificación previa, rompieron los candados e introdujeron.
Denuncian que los policías desconectaron las cámaras que existen al interior de los negocios, cortaron la energía eléctrica y se llevaron ropa y otros accesorios: “no dejaron entrar a nadie. Se llevaron cachuchas, lentes, playeras, ropa, entre otras cosas”.
Manifiesta que nadie les informó de la acción y fueron vecinos de los alrededores, quienes les avisaron, por lo que, al acudir, les fue impedido el acceso: “queríamos saber el motivo, no nos permitieron acercarnos”.
Agrega que no es una resolución de un Juez, sino de Ministerio Público Federal: “vienen desde la Ciudad de México a realizar el operativo”.
Los comerciantes han adquirido su mercancía en establecimientos de la Ciudad de México, y cuentan con las facturas de la mayoría de los productos que expenden.
“Tenemos 30,40 y 45 años vendiendo en el mismo punto, generamos empleo, pagamos nuestros impuestos; ahora nos dejan sin nada. Nos piden facturas y ellos (policías) se las llevaron”, abundó Lucio Valdés.
Incluso, entre los negocios clausurados se encuentra una zapatería de renombre, en donde su propietario, quien forma parte de la Cámara Nacional de Comercio les hizo ver que era representante legal de las marcas en todo el Estado y contaba con facturas, aun así les fue cerrado.
Lo más grave, puntualizan es que para poder abrir y retirar los sellos tienen que pagar una multa de 500 mil pesos: “no tenemos esa cantidad, ni la tendremos, pues es mucho dinero”.