Altamira. – Autoridades federales y municipales formalizaron la firma de un contrato de mandato que permitirá avanzar en el proceso de regularización y escrituración de viviendas en la Ampliación Los Olivos, específicamente en los polígonos B y B1.

Durante el acto, el director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), Samuel Peña Garza, destacó que este convenio marca el inicio de un camino hacia la certeza jurídica de las familias que por años han habitado en asentamientos irregulares.

“Estamos dando un paso importante para la regularización de este polígono. Se trata de una institución federal que tiene como objetivo brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, atendiendo problemáticas que en algunos casos datan de hace más de 40 años”, expresó.

El funcionario subrayó que uno de los principales beneficios será la posibilidad de acceder a la propiedad de los terrenos a un costo accesible, bajo un esquema de precio social, lo que permitirá a las familias formalizar su patrimonio.

Por su parte, el delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Víctor Rubén Guzmán, informó que con este proceso se beneficiará directamente a 880 familias, quienes podrán iniciar de manera individual los trámites correspondientes para la escrituración de sus viviendas.

“Este convenio contribuye a la planeación ordenada de las colonias y facilita el proceso para que las familias obtengan sus escrituras, brindándoles seguridad y estabilidad patrimonial”, señaló.

En su intervención, el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, calificó esta acción como un acto de justicia social que busca impulsar el desarrollo de las comunidades y garantizar la legalidad en la tenencia de la tierra.

“Lo que queremos es fortalecer el desarrollo social. Este es un paso importante para que las familias tengan certeza jurídica sobre sus terrenos. Son 880 predios en esta etapa, pero en Altamira aún existen diversas colonias con origen ejidal que presentan rezagos”, indicó.

El edil detalló que entre las zonas con esta problemática se encuentran el ejido Francisco I. Madero, con alrededor de 800 familias; el ejido Vega de Esteros, con 400; así como la Ampliación López Mateos, con cerca de 200 casos. Añadió que muchas de estas áreas también enfrentan carencias en servicios básicos.

Finalmente, aseguró que su administración continuará trabajando de la mano con autoridades federales para extender estos procesos de regularización a más colonias, con el objetivo de que las familias puedan acceder a servicios públicos y mejorar su calidad de vida.