Desde diciembre de 2022 a la fecha, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) ha interpuesto más de 25 denuncias penales contra pseudolíderes sociales que lucran con la necesidad de la gente, ofreciendo lotes irregulares en distintos municipios del estado. Las ciudades con mayor incidencia en este problema son Victoria, Altamira y San Fernando.
Ramiro Lozano González, titular de la PAUT, señaló que estos fraudes afectan principalmente a personas de escasos recursos, quienes son engañadas con la promesa de obtener un terreno que, posteriormente, no podrán escriturar.
“Desafortunadamente, hemos detectado a muchos líderes deshonestos que venden predios irregulares sin posibilidades de regularización. Es muy importante que la gente sepa que el dinero que les piden, ya sean 100 o 200 pesos, se lo quedan los líderes, pues muchas veces ni siquiera son los propietarios del inmueble”, advirtió.
Mediante un cruce de información con el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), Lozano González añadió que se ha logrado identificar alrededor de 222 asentamientos irregulares en 31 municipios del estado. Ante la magnitud del problema, destacó que el Gobierno del Estado ha instruido a la PAUT a reforzar las acciones para frenar estas ventas ilegales y evitar que más familias sean defraudadas.
“Hemos iniciado una campaña para combatir esta situación, ya que estos asentamientos desordenados afectan la planeación urbana de las ciudades”, agregó.
Denuncias sin detenidos
En cuanto a las acciones legales, el funcionario confirmó que, hasta el momento, han presentado más de 25 denuncias penales en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, aunque aún no se ha logrado la detención de ninguna persona implicada en estos fraudes.
“Las averiguaciones siguen en curso, pero, por secrecía, no podemos dar nombres. Lo importante es que se está dando seguimiento a cada caso”, señaló.
Principales municipios afectados
Lozano González indicó que el 50% de los casos se concentran en Altamira, San Fernando y Victoria. En esta última, la problemática es más evidente en la carretera Interejidal, donde muchas personas creen que, al ser terrenos ejidales con dominio pleno, pueden parcelarlos sin los permisos correspondientes.
“Es importante que la gente sepa que, aunque tengan dominio pleno de su tierra, deben cumplir con las normas urbanísticas del estado. Necesitan permisos municipales, dictámenes de impacto urbano y otros trámites ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA); no existe un trámite federal para regularizar estos terrenos”, advirtió.
En el resto del estado, los asentamientos irregulares han sido detectados en Reynosa, Tampico, Matamoros y Díaz Ordaz, aunque en menor medida.
Finalmente, el procurador enfatizó que, según el artículo 115 constitucional, la facultad para autorizar fraccionamientos y regularizaciones corresponde a cada municipio, por lo que cualquier trámite de compra-venta de terrenos debe cumplir con los requisitos estatales y municipales para evitar fraudes y problemas legales a futuro.