Más de un millón 174 mil pesos destinados a supuestos apoyos sociales entregados en efectivo quedaron sin una comprobación clara durante la administración del exalcalde panista de Tula, Antonio Leija Villarreal, de acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El dinero aparece bajo el concepto de “Ayudas Sociales a Personas entregadas en Efectivo”, por un monto de un millón 174 mil 700 pesos, dentro de un reporte que acumula observaciones por 7 millones 727 mil 053 pesos con 66 centavos.

Es decir, que más de un millón de pesos en supuestos apoyos sociales no cuentan con una explicación documental suficiente en el desglose presentado.

El destino de esos recursos queda bajo cuestionamiento, pues no se detalla quiénes recibieron el dinero ni cómo se acreditó su entrega.

Pero las observaciones no terminan ahí, ya que la revisión también identifica 60 mil pesos en cheques expedidos a nombre del tesorero municipal para combustibles, alimentos y ayudas sociales, igualmente sin documentación justificativa.

A esto se suman 47 mil 745 pesos en la compra de despensas para entregar como ayuda social por desastres naturales, 30 mil pesos en láminas y 29 mil 969 pesos en pupitres destinados a instituciones, conceptos que también aparecen sin documentación comprobatoria.

Otro de los señalamientos corresponde a 274 mil 507 pesos relacionados con el evento “Festival del Desierto”, mientras que aparecen 200 mil pesos en servicios profesionales y 53 mil 010 pesos en servicios oficiales sin documentación justificativa.

Sin embargo, el monto más elevado corresponde a una ampliación de 3 millones 500 mil 472 pesos al capítulo 1000, destinado a servicios personales, además de 1 millón 395 mil 459 pesos en el análisis de cuentas de balance del pasivo.

El documento también registra 367 mil 262 pesos en ingresos sin documentación justificativa y archivos digitales PDF y XML, 250 mil 260 pesos en materiales y suministros sin comprobación, así como 69 mil 600 pesos en pólizas no enviadas.

Los señalamientos corresponden a la administración municipal 2021-2024, encabezada por Antonio Leija Villarreal, quien llegó al gobierno de Tula bajo las siglas del PAN.

A las observaciones de la Auditoría Superior del Estado se suman los de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en la revisión de la Cuenta Pública 2023 determinó que el Ayuntamiento de Tula tenía 1 millón 273 mil 400 pesos pendientes por aclarar.

En su informe individual, la fiscalización federal detectó irregularidades en el manejo de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), entre ellas un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un millón 3 mil 400 pesos, debido a la falta de documentación que acreditara servicios contratados, entregas de bienes y otros comprobantes del gasto.

A esto se sumaron 270 mil pesos por el arrendamiento de un bulldozer, operación de la que el Ayuntamiento no presentó pólizas, facturas ni comprobantes de pago.

La revisión también encontró que los 10 expedientes de adquisiciones y servicios examinados fueron adjudicados directamente y que ninguno contaba con la totalidad de los documentos requeridos.

Mientras las cuentas de la pasada administración siguen bajo cuestionamiento, quien también aparece en el escenario es Vanessa Sánchez, extesorera del Ayuntamiento y responsable del manejo de los recursos públicos durante el gobierno panista de Antonio Leija Villarreal.

Ahora, después de haber formado parte de esa administración, busca llegar a la alcaldía de Tula, pero por MORENA, partido al que se registró como aspirante a la Coordinacion Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Así, quien tuvo bajo su responsabilidad las finanzas de un gobierno que hoy enfrenta observaciones por 7.7 millones de pesos, ahora busca convertirse en candidata para gobernar el municipio, aunque esta vez bajo otras siglas partidistas.