Victoria, Tamaulipas.- Cerca de 200 expedientes penales que permanecieron sin resolución durante años fueron desahogados en un periodo máximo de mes y medio por el Poder Judicial del Estado (PJE), con lo que quedó eliminado el rezago que arrastraba la Sala Colegiada Penal, informó el magistrado de la Cuarta Sala, Ignacio García Zúñiga.
El funcionario explicó que, al inicio de la actual etapa del Poder Judicial, se encontraron entre 185 y 197 asuntos pendientes, algunos de los cuales llevaban hasta nueve años sin una resolución definitiva.
La totalidad de esos expedientes fue atendida hace aproximadamente un mes, como resultado de una reorganización del trabajo jurisdiccional.
García Zúñiga señaló que los retrasos no obedecían a una sola causa, sino a problemas internos relacionados con la falta de personal, una distribución inadecuada de las cargas laborales y deficiencias en la conducción de algunas áreas.
“Enfrentamos una carencia de personal, mala distribución y falta de dirección en algunas áreas; hicimos ajustes y posteriormente otros adicionales cuando observamos que era necesario corregir el rumbo”, expuso.
A poco más de un año de la nueva conformación del Poder Judicial en Tamaulipas, la resolución de los asuntos acumulados representa uno de los avances reportados en materia de atención judicial.
El magistrado indicó que fue necesario revisar los procedimientos de trabajo, detectar los puntos que frenaban la productividad y establecer medidas para agilizar la respuesta de los equipos jurídicos.
La intervención también comprendió a los juzgados del sistema penal acusatorio, donde se identificaron demoras en la programación de audiencias que rebasaban considerablemente los tiempos previstos.
Como ejemplo, mencionó que diligencias que debían calendarizarse en un plazo de 15 días podían llegar a programarse hasta tres meses después, lo que prolongaba la atención de los procesos y evidenciaba las dificultades operativas que enfrentaban los tribunales.
Ante esa situación, se implementaron ajustes con el respaldo de la presidencia del Poder Judicial, así como de la coordinación del sistema penal acusatorio, con el propósito de mejorar la organización y reducir los tiempos de atención.
El magistrado sostuvo que la reorganización permitió dar salida a los expedientes que permanecían pendientes y corregir parte de las deficiencias administrativas que afectaban el funcionamiento de las áreas judiciales.