Un mes después del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, el crimen sigue impune.
La ciudad todavía recuerda el fulgor anaranjado de la camioneta en llamas sobre el bulevar Hidalgo y el eco de los disparos que sellaron su destino.
Lo que sí ha hecho la Fiscalía
En la semana posterior al homicidio, autoridades federales detuvieron a Jareth Roberto “H”, la FGR lo vinculó con el ataque y lo insertó en una línea de investigación que conecta el atentado con operativos contra el robo de combustibles en la frontera.
Los investigadores integraron indicios sobre redes de sustracción y trasiego de hidrocarburos en Reynosa y su zona de influencia; en 2025, el gobierno reportó decomisos millonarios de combustible y acciones coordinadas en ese frente.
Lo que falta (y lo que no cuadra)
Pese al primer arresto y al hallazgo de la camioneta usada por los agresores, no hay una autoría colectiva oficialmente atribuida ni una narrativa completa sobre la cadena de mando que ordenó el asesinato.
La escena brutal quedó registrada por testigos y cámaras, pero la Fiscalía no ha anunciado más capturas ni exhibido la ruta financiera o logística que explique quién pagó y planeó el ataque.
La FGR no ha confirmado esas líneas, pero su sola circulación subraya la complejidad del caso y los intereses cruzados en Tamaulipas.
Mientras tanto, el retrato de Vázquez Reyna—funcionario de bajo perfil, seis años al frente de la delegación—queda en los murales improvisados y en las ceremonias sobrias. La promesa de justicia se repite en comunicados y discursos; la exigencia de justicia, en la calle.