El Ayuntamiento de Reynosa busca contratar un crédito por 319 millones 50 mil pesos, una medida que, de acuerdo con autoridades estatales, deja ver la debilidad del municipio para financiar obra pública con recursos propios.

El subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, señaló que aunque la solicitud del alcalde Carlos Peña Ortiz se apega a la autonomía municipal, el monto requerido revela una capacidad limitada de recaudación.

Explicó que el endeudamiento suele utilizarse cuando los ingresos propios no alcanzan para ejecutar proyectos de infraestructura.

En este caso, indicó, el crédito equivale a alrededor del 10 por ciento del presupuesto anual de Reynosa.

Precisó que la deuda no siempre implica una mala administración, pero sí muestra márgenes financieros reducidos para impulsar obra pública sin recurrir a financiamiento externo.

El funcionario confirmó que la iniciativa ya fue recibida por el Congreso del Estado y será analizada por la comisión correspondiente, donde se revisarán plazos, impacto financiero y riesgos asociados a intereses y comisiones.

Añadió que la viabilidad del crédito también dependerá de la institución bancaria que lo otorgue.

Recordó que organismos como Banobras ofrecen esquemas de financiamiento a municipios que acreditan capacidad de pago.

Indicó que este tipo de créditos tiene mayores posibilidades de aprobación cuando se destina a infraestructura estratégica, como obras hidráulicas, seguridad pública o proyectos de desarrollo sustentable, áreas con alta demanda en Reynosa.

Detalló que la Secretaría de Finanzas municipal mantiene una estructura similar desde hace más de siete años y ha presentado de manera recurrente propuestas fiscales sin lograr consenso legislativo.

Atribuyó este escenario a fallas en la comunicación técnica y política con el Congreso, al no explicar con claridad el objetivo y alcance de las modificaciones planteadas.

La propuesta del Ayuntamiento establece que el crédito se contrate durante el ejercicio fiscal 2026 y se liquide a más tardar el 30 de septiembre de 2027, con un plazo máximo de 17 meses, y como garantía se contemplan participaciones federales.