La Secretaria de la Contraloría Estatal mantiene bajo proceso a 17 ex funcionarios públicos estatales por un presunto daño al erario publico superior a los 500 millones de pesos, además de otro tanto de inhabilitaciones y sanciones administrativas.

En un recuento del trabajo ejecutado por esta secretaria a cargo de Norma Patricia Pedraza Melo fue informado que hay 12 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y cinco ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), o sea ya están en etapa de ejecución de investigación y sanción.

Además, hay 651 quejas acumuladas desde octubre del 2023 a la fecha de las que han ido los elementos de modo, tiempo y lugar, derivado en 104 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), que llega a la dirección de investigación y anticorrupción para evaluar los elementos de prueba.

Recordó que son tres bases que implica un procedimiento administrativo que es la investigación, la sustanciación y la resolución. Porque un procedimiento administrativo puede generarse de las auditorías que son practicadas, por los entes fiscalizadores externos al gobierno del estado como son la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado.

Cito que hay 168 funcionarios bajo investigación proceso que esta en etapa de sustanciación lo que implica está en fase de integración y resolución por que también los implicados tienen derecho a defenderse.

“Pero en términos generales tenemos tres mil 014 expedientes de presunta responsabilidad administrativa sancionatoria. Aquí es importante platicar y nos guste o no es importante hacerlo porque a nuestra llegada había mil ,019 PRAS por ahí, con cierta lentitud procesal, pero es una responsabilidad institucional que tenemos, que darle seguimiento también”.

La contralora gubernamental destacó que el proceso sigue el debido proceso legal y que el tiempo para obtener resultados depende de la complejidad de cada caso. Detalló que la Contraloría recibe quejas y denuncias de ciudadanos, municipios, el Poder Legislativo, órganos autónomos e incluso instancias federales.

“El 85% de estas quejas y denuncias son competencia de la Contraloría Gubernamental porque se refieren a dependencias y entidades del gobierno estatal”, expuso.

Agregó que, de las 651 quejas acumuladas, se han derivado 104 PRAS y la Dirección de Investigación y Anticorrupción evalúa los elementos de modo, tiempo y lugar para admitir el PRAS e iniciar el procedimiento administrativo.

Precisó que, de los 159 CEPRAS (expedientes con sanciones), 26 se han cerrado sin sanción, 66 se mantienen activos y 67 han resultado en sanciones.