En Tamaulipas, se han aprobado reformas significativas y estrictas reglas para hospitales, clínicas y personal médico que atienden partos, con el objetivo de erradicar la violencia obstétrica y garantizar un trato digno. Estas medidas incluyen condiciones severas y sanciones económicas e incluso penales para quienes incumplan
El Congreso del Estado a iniciativa del ejecutivo estatal endureció las reglas para hospitales y clínicas que atienden partos, imponiendo estrictas condiciones y severas sanciones económicas a quienes incumplan.
El Decreto No. 66-1012 establece que todos los establecimientos médicos privados que realicen procedimientos obstétricos quirúrgicos estarán obligados a garantizar infraestructura adecuada, equipo especializado y personal capacitado para brindar atención segura tanto a la madre como al recién nacido.
Ahora, las clínicas deberán cumplir con estándares más rigurosos avalados por la autoridad sanitaria y las Normas Oficiales Mexicanas, lo que representa un cambio radical en la operación de estos centros médicos.
Con la modificación al artículo 156, las sanciones por incumplimiento alcanzarán multas que van desde mil quinientas hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que podría traducirse en cifras millonarias para los infractores.
Además, el decreto incorpora los artículos 30 TER y 30 QUÁTER, que no solo obligan a cumplir con estas disposiciones, sino que advierten que los responsables de hospitales y clínicas también podrán enfrentar medidas de seguridad adicionales e incluso sanciones administrativas más severas.
Uno de los puntos más críticos es que las instituciones privadas que no cuenten con Unidad de Terapia Intensiva Neonatal tendrán un plazo máximo de 12 meses para regularizarse, o de lo contrario enfrentarán las consecuencias legales.