Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno municipal de Reynosa encabezado por Carlos Peña Ortiz, presentó ante el Congreso del Estado una solicitud para obtener autorización y contratar un financiamiento por un monto máximo de 319 millones 50 mil pesos.

De aprobarse, el endeudamiento podría elevarse más allá de la cifra planteada inicialmente, debido a que el monto no contempla intereses, comisiones bancarias ni otros costos financieros que se generarían durante la vigencia del crédito.

La propuesta fue promovida por el alcalde Carlos Peña y enviada a las comisiones legislativas correspondientes para su revisión, luego de que el Cabildo de Reynosa le dio luz verde en sesión celebrada en noviembre.

Según el planteamiento remitido al Poder Legislativo, el Ayuntamiento pretende contratar uno o varios créditos bajo la figura de crédito simple, con instituciones financieras que ofrezcan condiciones competitivas, a fin de canalizar los recursos a proyectos de inversión pública productiva.

El monto solicitado incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA); sin embargo, deja fuera los cargos financieros adicionales, los cuales dependerán de los términos que se pacten con la entidad bancaria seleccionada.

El proyecto de decreto establece que los recursos deberán destinarse exclusivamente a obras públicas en bienes de dominio público, conforme al programa de inversión previamente aprobado por el Cabildo municipal.

En la justificación de la iniciativa, el presidente municipal argumenta que el crecimiento poblacional y económico de Reynosa ha incrementado la presión sobre la infraestructura urbana y los servicios básicos, como agua potable, drenaje sanitario, pavimentación, movilidad y alumbrado público.

Asimismo, se hace referencia a un exhorto emitido con anterioridad por el Congreso local, mediante el cual se llamó a los municipios a fortalecer sus planes de obra pública a través de esquemas de financiamiento y el adelanto de participaciones federales, en especial del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

En cuanto a los tiempos, se plantea que el financiamiento sea contratado durante el ejercicio fiscal 2026 y que quede totalmente liquidado antes del 30 de septiembre de 2027, con un periodo máximo de amortización de 17 meses.

La solicitud deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por la Diputación Permanente del Congreso del Estado.