El Congreso de Tamaulipas avanza en el estudio de una reforma que endurece las sanciones contra quienes cometan robos en planteles educativos, como parte de una estrategia para proteger los espacios escolares.

La iniciativa fue presentada ante el Pleno por el diputado Marcelo Abundiz Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien destacó que el objetivo es castigar con mayor severidad los delitos que dañan el patrimonio de las escuelas públicas y privadas.

“Las escuelas son espacios sagrados para la sociedad. No podemos permitir que se les despoje de lo indispensable para enseñar”, expresó el legislador en tribuna.

Abundiz Ramírez explicó que en diversas regiones del estado los robos se han vuelto recurrentes, afectando mobiliario, computadoras, cableado eléctrico, aires acondicionados y hasta alimentos de los comedores escolares. Estas acciones, dijo, lesionan el derecho de niñas, niños y jóvenes a recibir educación en condiciones dignas.

La propuesta contempla reformar el Código Penal para que el robo en instituciones educativas sea considerado un delito de alto impacto, con penas más elevadas y medidas que inhiban la reincidencia. Además, busca enviar un mensaje claro de respaldo a la comunidad escolar.

En paralelo, el Poder Legislativo inició un programa de capacitación en derecho constitucional dirigido a diputados, asesores y funcionarios, con el fin de fortalecer sus conocimientos jurídicos y alinear la legislación estatal con la Constitución federal.

El plan de profesionalización incluirá temas de derechos humanos, justicia constitucional y análisis de reformas nacionales que impactan al marco legal local. Legisladores de Morena señalaron que ambas acciones responden a la demanda ciudadana de contar con instituciones más fuertes y planteles seguros.

“No se trata de castigar por castigar, sino de proteger lo que más valoramos como sociedad”, subrayaron.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Justicia, donde será analizada y dictaminada antes de su eventual aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.