El Partido Acción Nacional (PAN) pretende modificar las reglas internas del Instituto Nacional Electoral (INE) para impedir que las decisiones administrativas, los nombramientos y las contrataciones de servicios queden concentrados en manos de quien ocupe la presidencia del organismo.

La senadora panista Imelda Sanmiguel Sánchez confirmó que el grupo parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados trabaja en una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con la intención de devolver al Consejo General mayor participación en las decisiones del instituto.

La propuesta contempla que las contrataciones de empresas encargadas de suministrar materiales y documentación electoral, incluidas las boletas, sean revisadas y avaladas de manera colegiada por las consejerías electorales.

Sanmiguel Sánchez consideró que no es conveniente que una sola persona tenga la capacidad de decidir sobre procedimientos que involucran recursos públicos y actividades fundamentales para la organización de las elecciones.

La discusión legislativa surge después de las presuntas irregularidades relacionadas con la empresa Cajas Graf durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, asuntos que se encuentran bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La legisladora también cuestionó las modificaciones legales que ampliaron las atribuciones de la presidencia del INE, aprobadas con los votos de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

A su juicio, esos cambios abrieron la puerta a una mayor concentración de decisiones en la presidencia del organismo electoral, cuando lo que debería prevalecer es la vigilancia entre sus integrantes.

“Lo que se busca es recuperar los equilibrios internos”, señaló.

El planteamiento del PAN también incluye revisar los nombramientos efectuados durante la gestión de Taddei y analizar la continuidad de los funcionarios que llegaron a sus cargos mediante las facultades ampliadas de la presidencia.

La iniciativa, de acuerdo con la legisladora, no se limitaría a modificar el mecanismo de designación de personal, sino que buscaría establecer controles más estrictos sobre el manejo administrativo y financiero del INE.