Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La industria maquiladora de Tamaulipas enfrenta un nuevo desafío ante la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel del 10 por ciento a las empresas que no acrediten el cumplimiento de las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o el uso de insumos libres de trabajo forzado.

La medida podría impactar a uno de los sectores más importantes de la economía estatal, ya que la industria exportadora concentra alrededor del 90 por ciento de las ventas al exterior de Tamaulipas y representa una de las principales fuentes de empleo e inversión.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas mantiene actualmente el acceso libre de aranceles al mercado estadounidense gracias al T-MEC. Sin embargo, el 15 por ciento restante corre el riesgo de perder ese beneficio si las empresas no demuestran el origen de sus productos o de los materiales utilizados en su fabricación.

Entre las actividades con mayor presencia en Tamaulipas que podrían ser objeto de una revisión más estricta se encuentran la fabricación de autopartes, pantallas y monitores, teléfonos celulares, equipo electrónico, dispositivos médicos, maquinaria, textiles y prendas de mezclilla.

En la entidad operan alrededor de 405 empresas IMMEX, las cuales generan exportaciones cercanas a 38 mil millones de dólares anuales y más de 300 mil empleos directos, consolidando a la manufactura como uno de los pilares de la economía estatal.

El sector aporta entre el 35 y el 40 por ciento del Producto Interno Bruto de Tamaulipas, por lo que cualquier cambio en las condiciones de acceso al mercado estadounidense tendría efectos sobre la producción, las exportaciones y la generación de empleos.

Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo concentran la mayor actividad maquiladora del estado, por lo que las empresas instaladas en estos municipios deberán reforzar la trazabilidad de sus cadenas de suministro para conservar los beneficios arancelarios del T-MEC.

Las autoridades estadounidenses mantienen especial vigilancia sobre mercancías elaboradas con insumos provenientes de regiones señaladas por presunto trabajo forzado, como Xinjiang, en China. Si las compañías no acreditan el cumplimiento de estas disposiciones, sus exportaciones podrían quedar sujetas al nuevo gravamen del 10 por ciento.