Río Bravo, Tamaulipas.- Una denuncia por presunta corrupción judicial y falsedad de información sacude al juzgado civil y familiar de primera instancia en este municipio, donde se acusa a funcionarios de haber manipulado datos en un juicio de amparo federal, lo que habría derivado en una resolución adversa para una ciudadana.

La queja fue presentada por María Isabel González Ramírez, quien señala directamente a la jueza Perla Patricia Hernández Quintero, al secretario José Arturo Escorza Huizar y a una actuaria judicial, por presunto abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y falsedad ante autoridad judicial.

De acuerdo con la denuncia, los hechos están relacionados con el juicio de amparo 216/2026-7, promovido el pasado 17 de febrero de 2026, mediante el cual la afectada obtuvo una suspensión provisional contra una orden de lanzamiento derivada del expediente 00046/2002.

Según el documento, dicha medida cautelar fue reconocida incluso durante la diligencia correspondiente, la cual fue detenida por la propia actuaria tras exhibirse la resolución federal.

Sin embargo, posteriormente, señala la denunciante, en el informe previo rendido ante el juzgado federal, las autoridades locales habrían negado la existencia del acto reclamado.

Esta presunta contradicción habría sido determinante para que la autoridad federal negara la suspensión definitiva dentro del mismo juicio de amparo, afectando directamente la situación jurídica de la promovente.

La denunciante sostiene que no se trató de un error administrativo, sino de una acción deliberada que podría constituir un delito, al haberse presentado información presuntamente falsa ante una autoridad federal, lo que impactó en la resolución del caso.

“El informe previo debe limitarse a señalar si los hechos son ciertos o no; en este caso se habría faltado a la verdad”, señalan en el documento, en el que también se citan disposiciones de la ley de amparo sobre la obligación de las autoridades de conducirse con veracidad.

Además, González Ramírez denuncia falta de transparencia dentro del juzgado local, al señalar que se le negó el acceso al informe previo y se le indicó que debía consultarlo directamente ante instancias federales.

Ante estos hechos, solicitó formalmente la intervención del Poder Judicial del Estado, la apertura de una investigación a fondo y la separación del cargo de los funcionarios señalados, al asegurar que cuenta con pruebas documentales que respaldan sus acusaciones.