La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la reforma electoral aprobada en Tamaulipas debe abrir un debate sobre la protección de los derechos político-electorales, afirmó Alejandro Ceniceros Martínez, coordinador estatal del PT.
En entrevista, señaló que la Corte determinó invalidar la reforma porque fue publicada dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, periodo en el que la Constitución prohíbe modificaciones fundamentales en materia electoral.
Y para el PT esto representa una defensa de los derechos. Hay que dejar claro que una persona vinculada a proceso no significa que sea culpable. La prisión preventiva tampoco es una sentencia, es una medida cautelar.
Ceniceros Martínez advirtió que convertir una acusación penal en una causa automática para cancelar derechos políticos puede generar riesgos para la democracia.
Recordó como antecedente el caso de Soto la Marina en 2021, cuando Habiel Medina Flores tuvo que ser sustituido como candidato mientras enfrentaba un proceso penal y posteriormente recuperó su libertad mediante una modificación de la medida cautelar.
“Cuando ocurrió la elección, la candidatura ya había desaparecido. Esa experiencia demuestra el peligro de producir consecuencias políticas antes de que exista una sentencia definitiva”, sostuvo.
El dirigente petista insistió en que los derechos humanos deben defenderse sin importar la filiación política.
“No podemos defender la presunción de inocencia solamente cuando el acusado pertenece a nuestro partido y olvidarla cuando pertenece al adversario. Los derechos no son permisos del poder; son garantías de todas las personas”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que el PT mantendrá la defensa de una democracia donde nadie sea despojado anticipadamente de sus derechos.
“Que se investigue, que se juzgue y que se sancione cuando se demuestre responsabilidad, pero que nadie sea convertido anticipadamente en culpable para quitarle sus derechos”, concluyó.