Por Daisy Herrera / Alan Morales

Ciudad Victoria, Tam.- El General de Brigada Diplomado, Sergio Hernando Chávez García, Secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, reveló que son 6 los edificios gubernamentales que han estado bajo las falsas amenazas de bomba durante los últimos días.

Sobre la identificación que hizo la Fiscalía del origen de una de las llamadas, señaló que aún no hay detenidos.

“No, todavía no lo detienen, hasta ahorita fue la última información porque lo acaba de sacar ahorita que entre para acá, en la mañana hablamos de lo de la Diputada, otras cuestiones pero del presunto responsable de las llamadas todavía no hablo con el”.

Además, dijo que la Policía Estatal fue el primer respondiente en la atención de las llamadas que alertaba sobre la colocación de artefactos explosivos, bombas, en la Secretaría de Salud, al interior del Congreso del Estado, la Torre Gubernamental José López Portillo, que colinda con las oficinas del Supremo Tribunal de Justicia, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), que colinda con la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Hemos tenido algunas amenazas de bomba aquí en Ciudad Victoria, una fue en la Secretaría de Salud, otras las más recientes del Congreso del Estado, la torre de cristal y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en todas ellas de conformidad con el protocolo interinstitucional que tenemos establecido con las fuerzas federales lo primero que se realiza es la evacuación del personal para salvaguardar su integridad física, a continuación entra la secretaria de seguridad pública con los binomios caninos y posteriormente la Secretaria de la Defensa Nacional con los expertos en explosivos”.

¿Cuál es la pena para quienes hacen falsas amenazas de bomba?

La penalidad prevista en el artículo 172 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, indica que comete el delito de ataques a las vías de comunicación y utilización indebida de los sistemas de auxilio a la población.

En la fracción tres de este artículo, se refiere a quien, por cualquier medio reporte hechos falsos a los elementos de los policías estatales o municipales, cuerpo de bomberos, personal de instituciones públicas o privadas que presten servicios de emergencia o protección civil, que impida o cause un perjuicio o trastorno que afecten el buen funcionamiento de dichos sistemas.

El artículo 173, refiere que se le impondrá una pena de tres a siete años de prisión y multa de treinta a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.